lunes, 21 de marzo de 2011

tapa revista

La Alegría no es solo brasilera.



Por tercer año consecutivo se realizo la fiesta de la Murga de los Clandestinos de Isidro Casanova. Y como no podia ser de otra manera, brilló la esperanza y la alegria invadio toda la cuadra y las sonrisas de los vecinos iluninó la noche. El baile el sonar y el ritmo llenaron las calles y las almas de los que compartieron ese momento donde se burlo a la muerte con espuma y canción. En ese momento donde todos fuimos iguales y la única ley era disfrutar de esta pasión popular que esta en el corazón mismo del pueblo. Gracias Clandestinos por existir y hacer un poco más felíz y colorido el barrio.

Los Leones los reyes del carnaval.



En el playón explotó la fiesta popular del carnaval del barrio y los leones se portaron como lo que son, unos reyes. Hubo espuma, sueños, grupos que tocaron y murga, mucha y buena murga: los clandestinos de isidro casanova, los angeles despresiados, los pibes de matanza, los de san alberto. Todo se fue dando en un clima de algarabia y de hermandad, donde todos sonreian y disfrutaban, esa es la manera de cambiar la onda y comenzar a ser posibles los sueños de liberación. Para eso hay que estar con alegria y festejar para pensar y juntos avanzar hacia un lugar más inclusivo y compartido. Por eso comparsa y compromiso son parte de un mismo camino, el camino hacia la felicidad.

“La causa de Luciano es una lucha simbólica”

ENTREVISTA A VANESA ORIETA, HERMANA DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA

“La causa de Luciano es una lucha simbólica”

Sostiene que la Justicia ampara a la Bonaerense, que nunca se avanzó un paso. Los testigos están amenazados y no son protegidos por el gobierno bonaerense. El relato de Vanesa a dos años de la desaparición de su hermano.

Final del formulario

Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse “desencantada y agotada del discurso armado de la universidad”. En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.

–¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros? –Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.

–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo. –Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.

–¿Qué los une? –Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.

–¿En la causa no hay ningún resultado? –No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.

–¿Así quedó su familia? –No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.

–¿Hubo testigos amenazados? –Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.

–¿Y los testigos clave? –Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.

–¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos? –Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían “vas a terminar en un zanjón” o “negro de mierda, tenés los días contados”. Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron “vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza”, a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.

–¿Cuándo tuvieron la información contraria? –A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.

–A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo? –Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.

–¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades? –Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.

–El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio? –No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.

–En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto? –Me aferro menos a las cosas materiales, quiero que la educación llegue adonde no está. Tengo ganas de dar vuelta todo, me siento con mucha fuerza. Estoy acompañada por gente que siente esta misma locura. Antes iba si había una causa justa pero no militaba. Hoy me convoca la causa de mi hermano y la de todos los chicos de los barrios que sufren la violencia de la policía. La causa de Luciano tiene que convertirse en una lucha simbólica.

Adriana Meyer Pag. 12

La balada por esos nuevos enemigos bajitos


Para construir un nuevo culpable al que achacarle todos los males sociales, los medios simplifican al máximo las tramas detrás de cada crimen resonante.

Como hace un mes fueron los inmigrantes y mucho antes los cuidacoches, el enemigo público número uno del momento son los llamados menores de edad: los niños. Conviene llamarlos así, como corresponde a toda persona que no cumplió los dieciocho años, para recordar de qué se está hablando. Esta vez, el linchamiento mediático de niños se desató luego del crimen sin dudas aberrante de Fabián Esquibel, asesinado delante de su hijo de once años. Esquibel se resistió a que lo asaltaran en su casa en Tolosa, y durante el forcejeo, uno de los ladrones le disparó con una 9 milímetros en la cabeza. El único detenido fue un adolescente de quince años, habitante de una villa de la zona e hijo de un hombre condenado por otro crimen. La policía encontró en su poder parte del botín y la 9 mm con la que en teoría ejecutó a la víctima. Quizá no sea casualidad que se trate del mismo tipo de arma de guerra que se utilizó en otros casos que desataron la furia mediática contra los niños en conflicto con la ley penal.

En abril de 2009, el asesinato del camionero Daniel Capristo desató una campaña en los medios para pedir la baja de la edad de imputabilidad. El acusado por el crimen, un adolescente de catorce años, le disparó a Capristo casi una decena de balas con una pistola 9 milímetros porque la víctima se resistió a entregarle su auto. Miradas al Sur contó cómo el niño que cometió el crimen era en realidad un peón dentro del esquema de robos de autos en la zona, una red digitada por adultos en la que participaban policías en actividad.

Algo similar pasó con el ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado durante un asalto en su casa en octubre de 2008. En ese caso los adolescentes que fueron detenidos develaron que eran la mano de obra de una mafia policial que reclutaba adolescentes en La Matanza para ir a robar casas en San Isidro. “La policía nos tiene con un arma en la cabeza”, dijo sin saber que lo estaban grabando Kitu, uno de los principales acusados del crimen. Varios testigos también describieron cómo la policía garantizaba el transporte y la logística necesaria para los asaltos.

Pero si algún caso dejó claro el rol de los mayores en los crímenes cometidos por niños, ese fue el caso de Santiago Urbani, asesinado de un tiro en la sien el 10 de octubre de 2009. Por su homicidio fueron encontrados culpables dos adolescentes, pero el tribunal decidió aplazar las condenas hasta que cumplieran 18 años. El fallo generó polémica e incluso se amenazó con pedir un juicio político contra los magistrados, que no hicieron más que respetar garantías constitucionales.
La clave del caso quedó relegada frente a esa furia mediática contra los jueces. Varios de los testimonios que se escucharon durante el debate oral hablaron del cuarto hombre que había participado del asalto, un soplón policial de 43 años llamado Oscar Alberto Pérez Graham. Especializado en el robo de autos, Pérez Graham solía jactarse de conseguir zonas liberadas en la zona norte del conurbano, gracias a su amistad con varios comisarios. En los últimos tiempos había sumado a esas especialidades la de reclutador de adolescentes. “Un señor pelado les dijo a los pibes si querían ir a robar; ellos no querían ir, pero él se los llevó a tomar droga y no volvieron más”, señaló un testigo durante el juicio, en el que también se supo que en la noche en la que Urbani fue asesinado, el propio Pérez Graham llevó a los adolescentes hasta Tigre. Pero mientras los jóvenes cayeron presos, él siguió con su vida normal. El 20 de octubre de 2009 fue detenido por efectivos de la comisaría de Garín y enseguida fue liberado, aunque sus captores sabían que era buscado por el caso Urbani. Desde entonces vivió en la zona de Escobar sin tomar mayores recaudos. Recién fue detenido cuando luego del juicio su nombre quedó en el centro de la escena.

Para convertir a los niños en depositarios de todo mal social, hace falta limar esas tramas complejas hasta convertirlas en titulares simplistas e incluso falsear la información. La Nación publicó el miércoles pasado un artículo titulado “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Para el diario, ese dato justificaría la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Pero la información no es cierta. Más allá del título engañoso – la estadística se refiere a los asesinatos en particular y no a los crímenes en general –, el porcentaje tampoco es real. Los números que citó La Nación son los que publica la Procuración de la Suprema Corte Bonaerense para el primer semestre de 2010. Allí se informa que se abrieron 87 causas contra menores de 18 años sospechados de asesinato y que lo mismo se hizo con 564 adultos. En otras palabras, sobre 651 investigados por asesinato, 87 son adolescentes. La cuenta es sencilla: el 13% de los acusados son menores de 18 años. Un 2% menos de lo que dice La Nación.
El porcentaje que maneja la provincia es igual al que publicó la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para todo el país para 2009. Ninguno de los dos informes señala cuántos de esos menores tenían menos de 16 años al momento de ser acusados. Al menos en el caso de la Dirección de Política Criminal, esto tiene una razón sencilla. Si un menor de 16 años comete un crimen, al no ser punible no se lo considera en la estadística. Esa podría ser la segunda mentira de La Nación: usar los datos de mayores de 16 años para decir que hay que condenar a los menores de 16. La verdad es que el único organismo que incluye a los niños de 14 y 15 años en los números sobre asesinatos es Naciones Unidas. Según sus datos sobre la Argentina, sobre 1.900 homicidios anuales sólo el 10% serían cometidos por adolescentes, y de esos apenas el 1% tendría como autores a jóvenes de 14 y 15 años.

Pero ese no es el problema central de lo que plantea el artículo. Lo más grave es que asegura que ese 13% de menores son responsables de asesinato, cuando la estadística que cita se refiere a investigaciones penales abiertas y no a sentencias. En nuestro país, el régimen penal se basa en que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Considerar a un sospechoso culpable antes de ser juzgado responde a una lógica bien clara. Ni siquiera es algo moderno. Cuando se hizo la Ley de Patronato, se la pensó como una norma contra los niños que trabajaban de canillitas y se hacían anarquistas. En las calles de Buenos Aires había unos 15.000 de ellos. Durante 10 años, Luis Agote batalló para votar la ley para encerrarlos. Esos niños, decía, “constituyen un contingente admirable para cualquier desorden social siguiendo por una gradación sucesiva de esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van a formar parte de esas bandas anarquistas”. La mayoría tenía entre 9 y 12 años. La propuesta de Agote era recluir a 10 mil de esos niños en la isla Martín García. Algo que a muchos les gustaría volver a proponer.

Sebastian Hacher

delitosypesquisas@miradasalsur.com

Paremos el colectivo

No a la baja en la edad de imputabilidad.

Eran las 22 hs. del sábado 29 de enero de 2011 cuando, junto con mi compañera y nuestro bebé de cinco meses, nos retirábamos de la jornada cultural en la que se recordaban los dos años impunidad que trascurrieron desde que el adolescente de 16 años, Luciano Nahuel Arruga, fue desaparecido en la Localidad de Lomas del Mirador. En el camino que nos condujo a nuestro hogar, un hecho particular me hizo reflexionar sobre las palabras que leerán a continuación.

¿Qué le ocurre a nuestra sociedad cuando discute sobre la baja en la edad de imputabilidad? ¿Qué nos ocurre a los argentinos cuando descargamos sobre nuestra juventud todas las miserias que cometimos en nuestro pasado? ¿Hasta cuándo seguiremos intentando vivir en un país en el que la mayoría de nuestros jóvenes sólo tienen derecho a su pobreza?

Pienso que con la respuesta al segundo interrogante puede resolverse el primero y a su vez el tercero. Siento que lo que nos ocurre como sociedad es que somos incapaces de asumir la responsabilidad que nos pesa sobre nuestros pibes, y creo que solamente dejaremos de vivir en ese país cuando reconozcamos que existen tres países en uno: el país de los que piden pena de muerte para los mal llamados “pibes chorros”; el país que sigue al anterior, pero que de una forma más discreta se esfuerza por ingeniárselas para que los “pibes chorros no molesten”; y el país que desde hace mucho tiempo vive sin país y lucha día a día por intentar tomarse un colectivo que lo lleve a algún destino.

Precisamente eso intentaban hacer dos chicos, de aproximadamente 15 años, a diez cuadras de Puente La Noria cuando el conductor, del colectivo en el cual viajábamos, decidió no pararles por temor a que lo asalten. Mi compañera, mi hijo, y quien suscribe llegamos a nuestro hogar sin ningún inconveniente.

Exceptuando al niño de cinco meses, inimputable por cierto, mi compañera, y quien suscribe, bien podemos ser clasificados, junto con el conductor del colectivo, dentro del segundo país. Pero lo triste no se agota tan sólo en eso sino que lo realmente fuerte es el hecho de que esos dos niños no llegaron a ningún destino.

El colectivo se les fue. Sus gorras, su color de piel, su vestimenta y el lugar desde donde pretendían tomárselo eran suficientes para una condena: la condena de pertenecer al país del sin país.

Esos chicos, desde el momento en el que les privamos hasta de su posibilidad de viajar en un transporte público, son considerados, sin cometer ningún acto, ladrones, asesinos, criminales. Sobre esos chicos no tenemos otro derecho que no sea el de escucharlos, el resto son responsabilidades. La responsabilidad que nos pesa como sociedad y la que cada uno deberá sumir en sus diferentes grados.

Bajar la edad de imputabilidad significa seguir evadiendo responsabilidades, seguir dejando a chicos a la espera de un colectivo que no parará, seguir llegando a nuestras casas con la conciencia sucia de saber que hay quienes no llegarán. Seguir, por acción u omisión, haciendo desaparecer al divino tesoro que tiene una sociedad: su juventud.

Juan Manuel Combi