lunes, 11 de julio de 2011

Tapa revista

Editorial

Los derechos de los niñ@s y adolescentes, no son solo una ley que debe cumplirse, son además un fundamento básico e indispensable para el presente y el futuro de nuestro país. Es indispensable, considerar que debemos reconstruir y recuperar nuestros sentidos de pertenencia y de unidad, como a su vez, eso desde ya, se transfiere a la identidad.

En un lugar donde se secuestro niñ@s y que después de 35 años, recién vamos haciendo verdad, gracias a esas mujeres cuyo coraje no es comparable a nada abuelas y madres de plaza de mayo. Y en donde podemos decir, que se está haciendo justicia, ese es el camino y esa es, en definitiva la senda a seguir, sin prisa, pero sin pausa, con el convencimiento de un pueblo, que quiere ser libre y cuidar su futuro hoy.

No sirven esos argumentos disecados en el tiempo y la brutalidad, de que todos los pibes son chorros, eso es de tal discriminación que atenta contra sí mismo. No entendiendo, que está repitiendo esquemas de poder y legitimando un discurso del poder contra los más pobres.

Las dificultades son muchas, pero los pasos hacia una nueva configuración del poder popular, que pueda ir haciendo conciencia y siendo parte del proceso de cambio paradigmático de nuestros días, son cruciales y ya no pueden detenerse.

Nuestras leyes son de avanzada, pero hay que aplicarlas en el campo, y allí radica la dificultad, de hacer real las palabras y las leyes. Para eso necesitamos un pueblo protagonista, que no se deje versear y que abrace la solidaridad y el respeto por la vida humana, primer y primordial derecho humano.

Nuestros pibes, son el presente y el futuro de un país más organizado, libre y soberano, por eso los pibes son importantísimos y tenemos que cuidarlos todos, independizándose de todas las ataduras que lo llevan a la opresión. Sin niñ@ que sean niñ@s no habrá mañana posible.

Del Patronato a la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

En la actualidad podemos encontrar dos paradigmas acerca de la niñez y adolescencia, uno más antiguo, el llamado Patronato de Menores y otro producto del movimiento de derechos humanos, el llamado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Actualmente, conviven y se han superpuesto durante el último siglo. Ambos lograron ser reflejados en leyes nacionales. La más antigua se plasmó en nuestro país en la Ley de Patronato de Menores (1919) y la segunda, en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2005).

La Ley de Patronato tuvo un claro destinatario: la infancia pobre1. Intentó solucionar el problema de qué hacer con el alto porcentaje de niños y niñas que consideró en situación de “abandono material” o de “peligro moral” suspendiendo el derecho de los padres y las madres al ejercicio de la patria potestad, derecho que pasaba a ejercer el juez, quien tomaba las medidas que a su criterio consideraba necesarias para tutelar a los niños, niñas y adolescentes que entraban en esas categorías.

La Ley de Patronato le otorgaba al juez facultades arbitrarias. Podía ordenar la privación

de la libertad del “acusado” por tiempo indeterminado. La categoría de “abandono

moral o material” que podía padecer un niño o niña era tan imprecisa que le otorgaba al juez una enorme cuota de discrecionalidad, le posibilitaba el ejercicio de poder casi omnímodo y lo autorizaba a disponer del “menor” hasta cumplir la mayoría de edad, hubiera cometido un delito o no. Mediante la legislación de menores de esa época, los niños, niñas y adolescentes

pobres que salían a la calle en búsqueda de la supervivencia diaria fueron recluidos en instituciones, asilos y reformatorios, es decir, separados de su familia y de la escuela, los espacios adecuados para su desarrollo personal. El Estado segregaba así a la niñez y adolescencia pobre, la separaba del resto de la sociedad para evitar “los males” que podrían causar estos niños y niñas “inadaptados”, futuros “delincuentes” que las condiciones sociales vigentes producían. Ver y escuchar a estos niños, niñas y adolescentes pobres y necesitados pondría al descubierto las deficiencias de toda la estructura social. La Ley de Patronato olvidaba que los problemas que motivaban la internación de estos niños y niñas en institutos, a veces por muchos años, afectaban a todo el grupo familiar, ya que sus padres y madres soportaban situaciones de extrema pobreza con derechos tales como trabajo, vivienda y salud negados por el Estado. Hubo una tendencia a patologizar situaciones de origen estructural. Las viejas leyes de menores sirvieron para condenar a la incapacidad a niños, niñas y adolescentes y familias que vivían hacinadas o con grandes dificultades de brindar contención material y otorgaron capacidad omnímoda al Estado para intervenir en sus vidas privadas ante situaciones de irregularidad nunca bien definidas (...) convertían en irregular al niño y a su familia en vez de ver la irregularidad en la falta de oportunidades. Un estudio elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF y publicado en el 2006 arrojó como resultado que el 87 por ciento de los niños, niñas y adolescentes recluidos en nuestro país lo estaban por causas asistenciales (sólo el 13 por ciento estaba detenido por hechos delictivos). El trabajo informaba que la institucionalización fue la respuesta generalizada que dio el Estado desde las políticas públicas a los chicos y chicas abandonados, abusados o víctimas de otros delitos. Chicos y chicas con causas asistenciales compartían el mismo establecimiento con menores con causas penales. “La separación de los niños y niñas de sus familias y su consecuente institucionalización, lejos de evitar problemas, constituyeron el camino hacia la carrera delictiva. Los institutos y reformatorios,

además de violar los derechos de los niños y niñas internos han sido verdaderas escuelas de delitos”, señala el informe oficial.

La Convención sobre Derechos del Niño que en nuestro país obtiene validez de ley en 1994, propone una doctrina de protección integral. Declara que no hay diferencia entre los niños y niñas, ni por su posición económica, situación social, sexo, religión, o nacionalidad. El niño o niña no se concibe como un mero receptor o beneficiario de asistencia social, sino como sujeto de derecho frente al Estado, una persona a la que se le reconoce el derecho de ser protegido en su desarrollo y frente a situaciones de irregularidad nunca bien definidas. La situación socioeconómica precaria no es motivo para separar al niño o niña de su familia. El Estado interviene mediante organismos específicos de niñez en casos de necesidad de asistencia. Cuando constata la falta de recursos económicos debe apoyar a la familia con programas de salud, vivienda y educación. El Poder Judicial interviene, evalúa y decide, sólo cuando se trata de problemas de naturaleza jurídica, y en esos casos, el juez a cargo, tiene la obligación de escuchar a los niños o niñas. Ya no se trata de corregir cada irregularidad encontrada en los niños y niñas, sino de generar políticas y prácticas que modifiquen las situaciones que generan la exclusión de la niñez pobre de los ámbitos y espacios que deberían ser comunes a todos los niños, niñas y adolescentes.6 La Convención genera otra ruptura en el concepto tradicional de infancia. La Ley de Patronato había considerado a los niños y niñas como seres menores con respecto a los adultos (los denominaba “menores”), seres incompletos, incapaces, que precisaban de la instrucción de los adultos para llegar al estado de completitud y madurez, fijado en los 18 años. La Convención ya no considera a la niñez como una etapa de preparación para la vida adulta. “La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros adultos. La infancia es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica”. Ser niño o niña no es ser “menos adulto”. La Convención permitió que el niño y la niña hayan dejado de ser considerados como “objeto de tutela” y se constituyan en “sujetos de derecho”. El niño y la niña tienen derechos y se les reconoce la capacidad de ejercerlos por sí mismos, desarrollándola progresivamente. De esta forma “se supera el argumento tradicional de sentido inverso: que los padres tienen poderes sobre la niñez, debido a que los niños y las niñas carecen de autonomía”. Los poderes de los padres y madres “no son poderes ilimitados, sino funciones jurídicamente delimitadas hacia un fin: el ejercicio autónomo progresivo de los derechos del niño, que en casos calificados de incumplimiento, deben ser asumidos por el Estado”. Al Estado le corresponde respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres asumiendo el principio de no injerencia arbitraria en la vida familiar. Ni el interés de los tutores, ni el del Estado pueden ser considerados el único interés para la satisfacción de los derechos del niño, niña y adolescente: la infancia tiene derecho a que su interés se considere prioritario en el diseño de las políticas. En la Argentina, la reforma constitucional de 1994, incorporó a la Constitución Nacional los tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1999 fue promulgada la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En 2005 fue sancionada la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ley que respeta el espíritu de la Convención.

Fuente: ¿Qué es esto de los derechos humanos?

Decálogo de los derechos difundidos por Unicef

· 1. Derecho de acceso a la información y la tecnología sin discriminación por motivo de sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia, lugar de residencia, etc.

· 2. Derecho a la libre expresión y asociación. A buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de la red. Estos derechos sólo podrán ser restringidos para garantizar la protección de los niños y niñas frente a informaciones y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad; y para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y la reputación de otras personas.

· 3. Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet que le afecten, como restricciones de contenidos, lucha contra los abusos, limitaciones de acceso, etc.

· 4. Derecho a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan utilizando Internet.

· 5. Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las oportunidades que las nuevas tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar su formación.

· 6. Derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no proporcionar datos personales a través de la red, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos.

· 7.Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, también mediante Internet y otras nuevas tecnologías. Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio en Internet no contengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y respeten los derechos y la imagen de los niños, niñas y otras personas.

· 8.Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar, educar y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable de Internet: establecer tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar par protegerles de mensajes y situaciones peligrosas, etc.

· 9.Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros países para facilitar el acceso de estos y sus ciudadanos, y en especial de los niños y niñas, a Internet y a otras tecnologías de la información para promover su desarrollo y evitar la creación de una nueva barrera entre los países ricos y los pobres.

· 10.Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor la nuevas tecnologías para avanzar hacia un futuro más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el medio ambiente, en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas.

La foto y el manual del sistema


Por Carlos del Frade
El asesino camina sonriente entre sus supuestos celadores.
Son todos amigos.
Eso se ve en las fotos.
Eso se entiende porque forman parte de la misma institución, la policía de la provincia de Río Negro.
Defienden los mismos intereses, sienten las mismas pasiones, pelean por lo mismo y sostienen que las armas dadas por el estado deben usarse para matar a los pibes pobres.
Es el mandato que atraviesa la historia de los últimos cuarenta años a todas y cada una de las policías provinciales.
Los militares ordenaron con claridad: nosotros matamos a los revolucionarios, ustedes matan a los pobres y así, de esa manera, nuestros patrones, los verdaderos, los dueños de casi todo, quedarán contentos por los tiempos de los tiempos.
Fue en Bariloche, la idílica ciudad, la meca de los viajes de estudios de la pibada de todos los quintos años de todas las escuelas secundarias de la Argentina, donde mataron por la espalda a Diego Bonefoi.
Cuando la ciudad de las postales y el chocolate en barra dejaron de lado la fantasía turística y amaneció, en la conciencia de los argentinos, como una de las tantas comarcas donde solamente unos pocos viven bien y las mayorías apenas le empatan al fin de mes.
Diego era uno de los pibes del Alto. El lugar donde la geografía de la riqueza destinó para los desesperados.
Murió baleado el 17 de junio de 2010, de madrugada, mientras escapaba junto a otros jóvenes de cuatro policías, que los perseguían por considerarlos sospechosos de un robo. Fue asesinado sin que opusiera resistencia, apuntaron las distintas crónicas periodísticas.
Su matador, el entonces cabo Sergio Colombil, fue recientemente fotografiado, sonriente, sin esposas y abrazado a los uniformados que lo trasladaban a la cárcel después de haber escuchado su condena a veinte años de prisión.
No hay tristeza alguna en las fotos que aparecieron en la red social facebook el pasado 13 de junio. Todos parecen celebrar. Colombil no solamente es uno de ellos, sino que es uno de los mejores porque ha puesto en práctica del manual de operaciones del sistema, matar a los pibes, por cualquier razón, por si acaso, por lo que sea, porque las minorías ordenan ese servicio permanente a sus fuerzas pretorianas.
“Esto significa una falta gravísima desde lo operativo y no lo podemos dejar pasar”, afirmó Santiago Ibarrolaza, subsecretario de Política Criminal a cargo del Servicio Penitenciario Provincial. Una declaración políticamente correcta pero el funcionario sabe que, en realidad, esos amigotes del ex cabo expresan algo profundo que se mueve en el seno de la policía rionegrina.
“No sé con qué sentido publican esas fotos pero son una provocación, una forma de mostrar la impunidad que tiene la policía provincial. ¿Quién nos garantiza que Colombil cumpla los 20 años de condena? Los familiares quedamos desorientados y con mucha bronca también”, comentó Curaqueo, tío de Nicolás Carrasco, de 16 años, asesinado en las protestas por la muerte de Bonefoi, al igual que Sergio Cárdenas.
Colombil está detenido pero aquellas fotografías muestran que el manual de operaciones de las policías provinciales sigue libre, vigente y siempre dispuesto a ser cumplido al servicio del sistema que defienden las fuerzas de seguridad.
Una foto que se parece, por sobre todas las cosas, a una advertencia dirigida a toda la sociedad argentina en su conjunto.

Fuente: Pelota de Trapo

Bajo cero

El filo del desnivel corta a la Argentina por la mitad, la cruza por transversales y diagonales y traza la desigualdad en líneas dislocadas. Los fríos de julio quitan brutalmente los disfraces, vacían de sentido los discursos y esparcen para quien quiera verlos a los muertos por hipotermia o por respirar cualquier veneno que pueda arrimar un suspiro de calor.
La geografía de lo injusto tiene asimetrías inexorables. La riqueza se concentra en el ombligo del país, se derrama hacia el sur y deja escapar migajas hacia el norte en destierro. En la ventura abdominal del país, la riqueza suele insolentarse con sus víctimas. Centenares de miles de exiliados que drena el norte desde los sótanos de la historia se apilan en los arrabales. Basurales de lo que no encaja en una lógica de país finamente calculada para pocos. Heridas en gangrena frente a las rejas residenciales.
La mitad del país vive en situación de pobreza o araña –con intermitencias- la línea abstracta que deposita a la gente de un lado o del otro. Una especie de trópico caprichoso cuyo cruce determina la desgracia o el bienestar. La consultora Equis, de un Artemio López insospechable de opositor furibundo, contradice la fantasía idílica del Indec para calcular que la pobreza incluye al 20,7 por ciento de la población activa y define en peligro a un 30,4% que se ubica en un límite desesperante. Al borde abismal.
El invierno es un puñal de obsidiana para los pobres. Y para el dibujo de país que trazan los oficialismos, oficialistas de sí mismos. Un puñal de sacrificios, que arranca el corazón y lo expone, latido, sangre y exceso, tal como es.
Santiago, de dos años y medio, murió desnutrido en Panamá. Once niños se envenenaron con el carboncito del brasero, calorcito estafador cuando el filo de la helada se mete por el techo desguazado o las chapas desiguales. Lara, de dos meses, en Chilecito. Otros se incendiaron con las mismas llamas nobles que corrían el frío. Pero trajeron la muerte. Dos chiquitas de 2 y 3 años en Constitución. La calle no tiene techo y no hay chances para los que se quedan afuera. A catorce se les acabó la vida por hipotermia. Alberto Pérez Díaz, de 35 años, en la Plaza Independencia de Mendoza. Donde el Gobierno reconoció que no hay refugios para los destechados.
Las asimetrías suelen ser indolentes. La belleza y el barro. El estadio fastuoso y la casita de chapas y nailon. Los trece niños muertos por desnutrición y la foto del Gobernador quitada a último momento de la tapa de los manuales. La Salta en la cima de las provincias con menor calidad de vida –por debajo de Jujuy y Santiago del Estero, según el Conicet- y Juan Manuel Urtubey re-entronado por más del 50% de los votos. La Misiones con seis mil niños desnutridos y casi 300 muertos en 2010. La más pobre del país. Y Maurice Closs re-entronado con casi el 80 %.
En la Buenos Aires profunda, a la que no se le va la vida en las lealtades humillantes del Gobernador, a la que no le asoma ni apenas una sonrisa irónica cuando Mario Ishi sueña con transpolar la pobreza y la marginación de su José C. Paz a toda la provincia, los pibes fatigan su presente continuo sin vestigios de futuro. El 40 por ciento de los que tienen de 15 a 19 transitan la vida en intemperie e incertidumbre. Centenares de miles de chicos no vieron trabajar a sus referentes familiares y perdieron a muchos de ellos en el camino. No hay escuela. No hay trabajo. Las drogas como herramienta exclusora y el paco como aniquilador invaden los barrios y talan vidas para las que no hay nada por delante.
El frío quita máscaras y mata. Torna visible lo que no está. Lo que no es. Lo que no detuvo el cedazo. Pero que siempre regresa, más temprano que tarde. Cuando vuelve como desde la historia a reclamar lo que fue suyo. O cuando viene la muerte que exhibe el cuerpo y delata.
Como Jeremías, helado de frío en Pilar, sin siquiera un fueguito donde acercar las manos y una olla donde hierva la leche. A los 16 ya están los brazos fuertes. Y la temeridad en la frente. Cortó las redes del alambrado y entró al aserradero. Toneladas de leña dormida y tanto frío. Tanto frío en las piernas y en los huesos. Eligió lo que pudo y llenó el hueco entre los brazos. El disparo le encendió un fuego en la cabeza. Sintió el calor, por fin, en la noche helada. Cayó de espaldas, ya sin aliento. Con los tronquitos aferrados todavía. El arma del dueño de las leñas también ardía. Aunque el amanecer todavía estaba lejos. Tan lejos como hoy.

Por Silvana Melo Fuente Pelota de Trapo

La democracia de los qom

Félix Díaz ganó por un muy amplio margen una votación que convocó al 80 por ciento del padrón. Será el representante de la comunidad indígena para discutir la tenencia definitiva de las tierras con Formosa y con la Nación.

Por Carlos Rodríguez

En una elección calificada como “impecable y sin impugnaciones” por los dos grupos en pugna, Félix Díaz, uno de los líderes históricos de la Comunidad qom de La Primavera, en Formosa, fue elegido como representante de los pobladores para discutir con los gobiernos nacional y provincial la tenencia definitiva de las tierras en las que viven. El triunfo de Díaz fue rotundo, ya que se impuso por 610 votos sobre los 369 que reunió su adversario, Cristino Sanabria, hijo del cacique Fernando Sanabria, quien hasta ahora era reconocido como representante de la comunidad por el gobierno provincial de Gildo Insfrán. Uno de los veedores de los comicios, Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó en diálogo con Página/12 que todo transcurrió “en un clima cordial” y que hubo una “muy buena participación” dado que votó “el 80 por ciento del padrón”, que tenía 1256 inscriptos. En el recuento final se comprobó que hubo cinco votos en blanco.

El proceso electoral comenzó a las 8 de ayer y se extendió hasta las cuatro de la tarde. Con el propósito de darle transparencia al comicio, en la comunidad se hicieron presentes representantes del Estado nacional, de la provincia de Formosa, de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría General de la Nación. También concurrieron Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, del Servicio de Paz y Justicia, y Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros dirigentes.

“Todo marchó de manera satisfactoria, sin ningún tipo de problema”, aseguró Mirta Baravalle, de Abuelas de Plaza de Mayo. Adolfo Pérez Esquivel sostuvo, por su parte, que “estas elecciones son un punto de inflexión y un paso muy importante con vistas al futuro”. Lamentó que para llegar a esto “se haya tenido que producir un conflicto en el que hubo muertos y heridos”. Se refirió así a los hechos ocurridos el 23 de noviembre del año pasado, durante un corte de ruta que realizaban los qom en el kilómetro 1341 de la ruta 86.

Ese día, cuando la policía local intentaba terminar por la fuerza con una medida de fuerza que llevaba cuatro meses, hubo incidentes que terminaron con un poblador, Roberto López, y un policía, Heber Falcón, muertos. Otros dos miembros de la comunidad La Primavera resultaron heridos de gravedad. Unas cuarenta personas, entre ellas algunas mujeres, sufrieron golpes y lesiones, mientras que fueron quemadas por la policía 17 viviendas que se habían levantado a la vera de la ruta.

El reclamo central de los qom es por la tenencia de 5187 hectáreas ubicadas en esa zona, a unos 50 kilómetros de la ciudad formoseña de Clorinda. El conflicto, que data del año 1985, tiene que ver con unas 1300 de esas cinco mil hectáreas, que han sido alambradas por la familia Celía, unos criollos que cuentan con el aval del gobierno provincial.

El triunfo de Díaz en las elecciones de ayer obliga a un replanteo sobre una polémica acta, firmada en 1985, en la que el ahora perdedor Cristino Sanabria aparece como responsable de una asociación civil que figura como titular de las tierras. Esa figura de “asociación civil” no se condice con las normas y la legislación vigente que ampara a los pueblos originarios y que deben ser aplicadas en este caso. Las 5187 hectáreas fueron cedidas a los qom por el Estado nacional en 1940, pero con posterioridad fueron perdiendo parte de esas tierras. Unas 1300 hectáreas fueron ocupadas por los Celía y también por Parques Nacionales.

Ahora, Félix Díaz tendrá la posibilidad de encabezar, por derecho propio, las negociaciones con los gobiernos nacional y provincial a fin de recuperar las tierras perdidas. Francisco Nazar, de la Pastoral Aborigen, celebró ayer el triunfo de Díaz. “Esto demuestra que cuando los pueblos siguen a una persona, por algo lo hacen, y no importa que el candidato opositor tenga el apoyo del gobierno provincial. Los pueblos saben lo que votan”, sostuvo Nazar, en diálogo con Página/12.

Anoche, después del escrutinio, los seguidores de Félix Díaz comenzaron un festejo que tuvo gritos, llantos y rezos. Pablo Asijak, uno de los colaboradores de Díaz, comentó a este diario que en la votación “se hizo justicia porque Félix siempre ha estado al frente de nuestras luchas y se merecía todo el apoyo”. Sergio Morales, el observador del CELS, ratificó que la elección fue “tranquila, sin ningún tipo de presión, porque los dos grupos se habían puesto de acuerdo con el padrón y por esa razón, no se produjeron discusiones ni controversias”. El ganador será ahora reconocido como representante legal de los qom por los organismos nacional y provincial (el INAI y el ICA), de manera tal que “los qom van a poder discutir a fondo cómo recuperar y retener su tierra”, explicó Morales.

Fuente Página 12