Precarización y un despido en la municipalidad de Moreno 
El año nuevo de Pamela Berges, integrante del equipo de trabajadoras sociales de la Municipalidad de Moreno, no fue un año nuevo como el que se supone para la mayoría: tranquilo y a la espera de las vacaciones. El 31 de diciembre de 2010, la subsecretaría de Acción Social del municipio la despidió de su trabajo. Pamela cumple funciones en una sala de salud del barrio Las Flores y junto a sus compañeras viene organizándose contra la precarización laboral. Y ahora, también contra la persecución sindical. El despido, encadenado a otras situaciones, desató un conflicto que a la fecha no tiene resolución.
Despidos, fase superior de la precarización
En su mayoría con contratos precarios, o “flexibles”, en las municipalidades de la provincia de Buenos Aires predominan las bajas remuneraciones –en muchos casos, por debajo del no muy alto salario mínimo-, la inestabilidad laboral y la arbitrariedad de los funcionarios. Igual que en otras experiencias en el empleo público o privado, a veces la precariedad laboral hace que el personal se someta a distintas maniobras del empleador, incluyendo la aceptación de cambios sustanciales en las condiciones de trabajo. Otras veces, la organización -previa o emergente de la misma acumulación de bronca- es la que mantiene la resistencia a las medidas injustas, volviéndolas públicas y al mismo tiempo provocando el debate en el lugar de trabajo y en la comunidad.
En el caso de Moreno, los trabajadores sociales que se desempeñan en la subsecretaría tienen a su cargo una sala de salud, pero desde noviembre no han cesado las presiones desde el municipio para que cada uno de los trabajadores se haga responsable de dos salas. La oposición por parte de las trabajadoras fue rotunda y se basó principalmente en el aumento en la explotación del trabajo y “por lo tanto -aseguran- en la degradación de la política social que llevamos adelante con los vecinos de los barrios donde están ubicadas las salas de salud”. Ante la negativa de los trabajadores a aumentar un 100% su tarea recibiendo el mismo salario, sucedió el despido de una de ellas.
Respuesta de las trabajadoras
Contrariamente a lo esperado por la gestión municipal -comandada por el kirchnerista Andrés Arregui- el anuncio por parte de las autoridades de la rescisión del contrato no logró acallar el reclamo, sino que favoreció que se haga público y sea tomado por los propios vecinos de las salas. “La situación de nuestra compañera, por el contrario a lo esperado por el Municipio, ha fortalecido nuestra lucha y la necesidad de reclamar por nuestras condiciones de trabajo”, explican los trabajadores del Programa de Gestión Operativa en Territorio. Desde los primeros días del año vienen desarrollando un intenso plan de lucha con eje las consignas: “No a la flexibilización y precarización laboral. No a los despidos arbitrarios en Acción Social. No a la reducción de personal en Centros de Salud. No a la violencia institucional”. El día 11 de enero más de un centenar de personas se concentraron en las puertas de la Subsecretaría. Allí, los trabajadores del organismo, junto a integrantes de ATE y organizaciones sociales, recibieron la confirmación por parte de Victoria Sverdlick, directora de la subsecretaría, que no habría marcha atrás. La movilización terminó en la Municipalidad, con pintadas reclamando la reincorporación y solicitándole respuestas al Intendente Arregui. El martes 18 de enero se hizo una nueva jornada de protesta, está vez con el protagonismo principal de los vecinos de la sala de salud del barrio La Flores, donde trabaja Pamela. Se cortó la ruta 23 a la altura de La Flores demostrando el apoyo de las organizaciones y vecinos del barrio. Desde el equipo de trabajadores sociales se afirma que “el plan de lucha continua. El lunes 31/1 se organizará una radio abierta en la puerta de la Subsecretaría de Acción Social, para continuar denunciando la precarización laboral que sufren los trabajadores del municipio, el vaciamiento de las políticas sociales de parte de las autoridades municipales y el reclamo por la reincorporación de la Trabajadora Social despedida”. Además, con el apoyo de vecinos y distintas organizaciones sociales se encuentra circulando un “Petitorio contra la precarización laboral y los despidos arbitrarios en la municipalidad de Moreno”, donde entre otros puntos “se exige que se respete el derecho a la estabilidad laboral, otorgado por el artículo 7 de la ley provincial 11.757, efectivizando el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales que desarrollan su actividad con contratos precarizados”.
Fuente: www.prensadefrente.org
martes, 1 de febrero de 2011
MOVILIZAN POR LA REINCORPORACIÓN DE PAMELA BERGÉS
ENTREVISTA A VANESA ORIETA, HERMANA DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA
“La causa de Luciano es una lucha simbólica”
Sostiene que la Justicia ampara a la Bonaerense, que nunca se avanzó un paso. Los testigos están amenazados y no son protegidos por el gobierno bonaerense. El relato de Vanesa a dos años de la desaparición de su hermano.
Por Adriana Meyer
Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse “desencantada y agotada del discurso armado de la universidad”. En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.
–¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros?
–Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.
–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.
–Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.
–¿Qué los une?
–Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.
–¿En la causa no hay ningún resultado?
–No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.
–¿Así quedó su familia?
–No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.
–¿Hubo testigos amenazados?
–Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.
–¿Y los testigos clave?
–Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.
–¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos?
–Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían “vas a terminar en un zanjón” o “negro de mierda, tenés los días contados”. Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron “vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza”, a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.
–¿Cuándo tuvieron la información contraria?
–A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.
–A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo?
–Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.
–¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades?
–Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.
–El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio?
–No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.
–En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto?
LA INVESTIGACION POR LA DESAPARICION DEL ADOLESCENTE SIGUE SIN AVANZAR UN PASO
LA INVESTIGACION POR LA DESAPARICION DEL ADOLESCENTE SIGUE SIN AVANZAR UN PASO
Luciano Arruga, dos años sin justicia
Había sido detenido y golpeado en dos ocasiones por la misma comisaría 8ª de La Matanza. La fiscal que lleva el caso nunca avanzó sobre los pedidos de la familia. Las pruebas apuntan contra ocho bonaerenses que fueron restituidos a sus funciones.
Por Nahuel Lag
Dos años después de la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, ocurrida el 31 de enero de 2009, no hay imputados, pese a que hace más de un año que la propia fiscal de la investigación sostenía que “la hipótesis más firme es la de la responsabilidad policial”. La causa no sumó ninguna prueba en ese sentido. Sin embargo, “en el expediente figura una cantidad de irregularidades por parte de la policía que se relacionan con la desaparición de Luciano”, aseguró Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga. Entre las pocas medidas que se ordenaron en 2010 hubo una en la que se pidió a Mónica Alegre, mamá de Luciano, “recorrer las morgues judiciales para identificar cuerpos de jóvenes de entre 18 a 20 años”, indicó Combi. “Se investiga el más alto delito contra los derechos humanos, mientras el gobierno bonaerense trata de invisibilizarlo”, denunció Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se incorporó a la causa en noviembre. El organismo y la APDH participaron la semana pasada de la primera serie de peritajes solicitados en conjunto.
La hipótesis que recae sobre los ocho policías que estaban en funciones en la madrugada del 31 de enero en el destacamento policial de Lomas del Mirador –dependiente de la comisaría 8ª y donde los registros indican que Luciano estuvo ilegalmente detenido en 2008– fue reacreditada por la fiscal 1 de La Matanza, Celia Cejas. La familia pidió que se cite a indagatoria, por la prueba surgida de los peritajes y los cruces de testimonios, a los policías responsables por supresión de documento público, incumplimiento del deber de funcionario público y apremios ilegales.
En cambio, en marzo de 2010, Cejas le solicitó al titular del juzgado de Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero federal. Entonces, el juez consideró que no había prueba suficiente. Mantuvo la carátula de averiguación de paradero y se declaró incompetente.
Dos meses después, el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, entregó su informe a la Argentina y exhortó al Estado a “concluir la investigación” por “desaparición forzada”. “Es una investigación compleja, con fuertes sospechas sobre la Bonaerense y en la que se muestran problemas de compromiso por parte de la Justicia y el gobierno provincial. El cambio de carátula puede ser simbólico pero indica que la causa no está considerada con la importancia que debería tener la desaparición de una persona”, sentenció Litvachky, directora del Programa de Justicia democrática del CELS.
Desde el rechazo del juez, se sucedieron pocas medidas entre las que estuvo el pedido de que la madre de Luciano busque a su hijo en las morgues, algo a lo que la querella familiar se negó. Y la citación de Mónica a declarar varias veces. Medidas más, medidas menos, Pablo Pimentel, titular de la Asociación por los Derechos Humanos de La Matanza, reflexionó: “Los primeros doce meses de la fiscal Cejas hubo movimiento, líneas de investigación, pero a partir de abril de 2010 notamos un cambio de actitud”.
Desde que Luciano fue visto por última vez a una cuadra de donde vivía en el barrio 12 de Octubre, la investigación comenzó torcida. La fiscal Roxana Castelli, la primera del caso, entregó los primeros 45 días de investigación a la Policía Bonaerense, violando la resolución 1390 de la Procuración General provincial, por lo que fue sumariada.
En manos de Cejas, un rastrillaje con perros halló el rastro de Luciano en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento –apostado en una casa, donde cualquier detención es irregular– y en un patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro rastrillaje indicó que allí había estado el cuerpo de Arruga. Esa prueba, que se sumó en abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa. Los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron confiables para la fiscal.
La última medida tomada ese año fue el peritaje sobre los libros policiales. Las grandes irregularidades encontradas en esos documentos son el basamento de las denuncias de supresión de documento público e incumplimiento del deber de funcionario público realizadas por la familia. “En estos dos años, el gobierno bonaerense no mostró voluntad política y los mensajes en relación con el funcionamiento de la Bonaerense fueron siempre los de darle más autonomía y no más control”, resaltó Litvachky. En agosto de 2009, el gobernador Daniel Scioli iba a recibir a la familia Arruga, pero la reunión la mantuvieron con el entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal, y de Seguridad, Carlos Stornelli.
DOS AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA. DOS AÑOS SIN JUSTICIA. DOS AÑOS DE IMPUNIDAD.
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA:
DOS AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA. DOS AÑOS SIN JUSTICIA. DOS AÑOS DE IMPUNIDAD.
Este 31 de enero se cumplen dos años de la desaparición de Luciano Arruga, quien fuera visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue brutalmente golpeado por agentes policiales.
En estos dos años, la causa judicial que investiga el hecho, no ha dado pasos serios ni seguido pistas que permitan saber que pasó con Luciano.
Por el contrario, la lentitud en su tramitación, ausencia de respuestas a peticiones de los familiares, ocultamiento de pruebas a los abogados de la familia presentada como particular damnificada, no ordenar pruebas valiosas para la causa y el mantenimiento de la calificación de averiguación de paradero, dan cuenta de la escasa rigurosidad investigativa y falta de compromiso de parte de la Fiscalía interviniente.
Esta deficiente actividad judicial, ha contribuido a la impunidad que se consagra en esta causa.
Además de los testimonios que dan cuenta de la presencia de Luciano en el destacamento policial -y que fue golpeado hasta desangrarse-, de las pericias efectuadas judicialmente en los libros policiales del mismo, surgen graves irregularidades en su confección y mantenimiento. También en sus declaraciones en la causa judicial, los policías admiten que tenían como práctica alojar menores en el destacamento, pese a no poder hacerlo. Incluso uno de ellos relató que Luciano había padecido abuso sexual de parte de otro agente.
A pesar de esto, la justicia no investigó la hipótesis de la desaparición forzada ni la del abuso sexual.
Paralelamente, el sumario administrativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad y Justicia, tampoco investigó seriamente la responsabilidad policial de los agentes involucrados. Como consecuencia de esto, los ocho policías sospechados y puestos en disponibilidad al producirse el hecho, se encuentran nuevamente trabajando. No solo no se investigó la desaparición de Luciano, sino tampoco la adulteración de los libros policiales o el alojamiento de menores en el destacamento.
La desaparición de Luciano Arruga, fue denunciada por la Comisión por la Memoria ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Al evaluar al estado argentino en junio de 2010, este Comité internacional receptó el caso en su Informe CRC/C ARG/CO/3-4: “El Comité insta al Estado parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño LA, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”
Esta demanda internacional al Estado Nacional y Provincial, no modificó las condiciones señaladas. No se destinaron recursos materiales o humanos especializados o adicionales para lograr la investigación exhaustiva e imparcial que se le reclama. La responsabilidad por la investigacion por la desaparción forzada incumbe tanto al Estado local como al Nacional, y este ultimo ante la comunidad internacional.
La Comisión Provincial por la Memoria viene alertando sobre la gravedad que constituye la falta de esclarecimiento de este hecho. En reiteradas ocasiones hemos señalado la responsabilidad del estado provincial, que debe poner todos sus recursos para promover el esclarecimiento. La falta de medidas tanto desde el poder judicial como del ejecutivo, la negativa a la investigación como desparición forazada de Luciano Arruga, la reposición de los sospechados a sus cargos de policias, en suma la impunidad son una puerta abierta a la repeticion de hechos de violencias sobre los más débiles de nuestra sociedad.
Frente a esto, es indispensable que el Estado provincial asuma un compromiso sincero y decidido en el esclarecimiento de este caso, que deje de negar la desaparición de persona, castigue judicial y administrativamente a los responsables, y rompa las redes de impunidad y complicidades. También debe continuar buscando a Luciano y reparar el dolor de su familia.
La impunidad es una afrenta al Estado de Derecho que denigra la Democracia.
COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA
ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – HUGO CAÑON – LAURA CONTE – ALDO ETCHEGOYEN – ALEJANDRO MOSQUERA – VICTOR MENDIBIL – ELISA CARCA – MAURICIO TENEMBAUM - ROBERTO TITO COSA – DANIEL GOLDMAN – MEMPO GIARDINELLI – ELIZABETH RIVAS – MARTHA PELLONI – VICTOR DE GENNARO – EMILCE MOLLER – FORTUNATO MALLIMACI – SUSANA MENDEZ - LUIS LIMA – VERONICA PICCONE - CARLOS SANCHEZ VIAMONTe
La balada por esos nuevos enemigos bajitos
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por
Sebastian Hacher
delitosypesquisas@miradasalsur.com
Para construir un nuevo culpable al que achacarle todos los males sociales, los medios simplifican al máximo las tramas detrás de cada crimen resonante.
Como hace un mes fueron los inmigrantes y mucho antes los cuidacoches, el enemigo público número uno del momento son los llamados menores de edad: los niños. Conviene llamarlos así, como corresponde a toda persona que no cumplió los dieciocho años, para recordar de qué se está hablando. Esta vez, el linchamiento mediático de niños se desató luego del crimen sin dudas aberrante de Fabián Esquibel, asesinado delante de su hijo de once años. Esquibel se resistió a que lo asaltaran en su casa en Tolosa, y durante el forcejeo, uno de los ladrones le disparó con una 9 milímetros en la cabeza. El único detenido fue un adolescente de quince años, habitante de una villa de la zona e hijo de un hombre condenado por otro crimen. La policía encontró en su poder parte del botín y la 9 mm con la que en teoría ejecutó a la víctima. Quizá no sea casualidad que se trate del mismo tipo de arma de guerra que se utilizó en otros casos que desataron la furia mediática contra los niños en conflicto con la ley penal.
En abril de 2009, el asesinato del camionero Daniel Capristo desató una campaña en los medios para pedir la baja de la edad de imputabilidad. El acusado por el crimen, un adolescente de catorce años, le disparó a Capristo casi una decena de balas con una pistola 9 milímetros porque la víctima se resistió a entregarle su auto. Miradas al Sur contó cómo el niño que cometió el crimen era en realidad un peón dentro del esquema de robos de autos en la zona, una red digitada por adultos en la que participaban policías en actividad.
Algo similar pasó con el ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado durante un asalto en su casa en octubre de 2008. En ese caso los adolescentes que fueron detenidos develaron que eran la mano de obra de una mafia policial que reclutaba adolescentes en La Matanza para ir a robar casas en San Isidro. “La policía nos tiene con un arma en la cabeza”, dijo sin saber que lo estaban grabando Kitu, uno de los principales acusados del crimen. Varios testigos también describieron cómo la policía garantizaba el transporte y la logística necesaria para los asaltos.
Pero si algún caso dejó claro el rol de los mayores en los crímenes cometidos por niños, ese fue el caso de Santiago Urbani, asesinado de un tiro en la sien el 10 de octubre de 2009. Por su homicidio fueron encontrados culpables dos adolescentes, pero el tribunal decidió aplazar las condenas hasta que cumplieran 18 años. El fallo generó polémica e incluso se amenazó con pedir un juicio político contra los magistrados, que no hicieron más que respetar garantías constitucionales.
La clave del caso quedó relegada frente a esa furia mediática contra los jueces. Varios de los testimonios que se escucharon durante el debate oral hablaron del cuarto hombre que había participado del asalto, un soplón policial de 43 años llamado Oscar Alberto Pérez Graham. Especializado en el robo de autos, Pérez Graham solía jactarse de conseguir zonas liberadas en la zona norte del conurbano, gracias a su amistad con varios comisarios. En los últimos tiempos había sumado a esas especialidades la de reclutador de adolescentes. “Un señor pelado les dijo a los pibes si querían ir a robar; ellos no querían ir, pero él se los llevó a tomar droga y no volvieron más”, señaló un testigo durante el juicio, en el que también se supo que en la noche en la que Urbani fue asesinado, el propio Pérez Graham llevó a los adolescentes hasta Tigre. Pero mientras los jóvenes cayeron presos, él siguió con su vida normal. El 20 de octubre de 2009 fue detenido por efectivos de la comisaría de Garín y enseguida fue liberado, aunque sus captores sabían que era buscado por el caso Urbani. Desde entonces vivió en la zona de Escobar sin tomar mayores recaudos. Recién fue detenido cuando luego del juicio su nombre quedó en el centro de la escena.
Para convertir a los niños en depositarios de todo mal social, hace falta limar esas tramas complejas hasta convertirlas en titulares simplistas e incluso falsear la información. La Nación publicó el miércoles pasado un artículo titulado “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Para el diario, ese dato justificaría la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Pero la información no es cierta. Más allá del título engañoso – la estadística se refiere a los asesinatos en particular y no a los crímenes en general –, el porcentaje tampoco es real. Los números que citó La Nación son los que publica la Procuración de la Suprema Corte Bonaerense para el primer semestre de 2010. Allí se informa que se abrieron 87 causas contra menores de 18 años sospechados de asesinato y que lo mismo se hizo con 564 adultos. En otras palabras, sobre 651 investigados por asesinato, 87 son adolescentes. La cuenta es sencilla: el 13% de los acusados son menores de 18 años. Un 2% menos de lo que dice La Nación.
El porcentaje que maneja la provincia es igual al que publicó la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para todo el país para 2009. Ninguno de los dos informes señala cuántos de esos menores tenían menos de 16 años al momento de ser acusados. Al menos en el caso de la Dirección de Política Criminal, esto tiene una razón sencilla. Si un menor de 16 años comete un crimen, al no ser punible no se lo considera en la estadística. Esa podría ser la segunda mentira de La Nación: usar los datos de mayores de 16 años para decir que hay que condenar a los menores de 16. La verdad es que el único organismo que incluye a los niños de 14 y 15 años en los números sobre asesinatos es Naciones Unidas. Según sus datos sobre la Argentina, sobre 1.900 homicidios anuales sólo el 10% serían cometidos por adolescentes, y de esos apenas el 1% tendría como autores a jóvenes de 14 y 15 años.
Pero ese no es el problema central de lo que plantea el artículo. Lo más grave es que asegura que ese 13% de menores son responsables de asesinato, cuando la estadística que cita se refiere a investigaciones penales abiertas y no a sentencias. En nuestro país, el régimen penal se basa en que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Considerar a un sospechoso culpable antes de ser juzgado responde a una lógica bien clara. Ni siquiera es algo moderno. Cuando se hizo la Ley de Patronato, se la pensó como una norma contra los niños que trabajaban de canillitas y se hacían anarquistas. En las calles de Buenos Aires había unos 15.000 de ellos. Durante 10 años, Luis Agote batalló para votar la ley para encerrarlos. Esos niños, decía, “constituyen un contingente admirable para cualquier desorden social siguiendo por una gradación sucesiva de esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van a formar parte de esas bandas anarquistas”. La mayoría tenía entre 9 y 12 años. La propuesta de Agote era recluir a 10 mil de esos niños en la isla Martín García. Algo que a muchos les gustaría volver a proponer.
El estado actual de la hipocresía
Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:19.
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por
Laura Musa, asesora General Tutelar porteña
contacto@miradasalsur.com
El ya reiterativo debate iniciado hace 13 años con el primer proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil presupone una confrontación entre promover o no el cumplimiento estricto del derecho constitucional de acceso a la justicia y al debido proceso para los adolescentes que, entre los 14 y 16 años, sean imputados de un delito. Rechazan esta propuesta aquellos que prefieren mentirse sobre una realidad, que aquí y ahora, se está desarrollando frente a nuestros ojos. En la Argentina democrática hay unos 600 adolescentes menores de 16 años privados de libertad por “delitos” que nunca serán probados ni tendrán un debido proceso para defenderse, presentar pruebas, recusar testigos y apelar decisiones. Porque para una brutal hipocresía del lenguaje, conveniente para quienes quieren que todo siga igual, estos chicos son “no punibles”.
Se aprobó en el Senado un excelente proyecto de ley que debiera aprobarse en Diputados. Que sí sacaría a los adolescentes del oscurantismo de la protección y de la compasión sin reglas. ¿Por qué quienes se esconden en argumentos simplistas y falsos que les adjudican sólo a los adolescentes pobres la comisión de delitos, prefieren, para sí mismos, reglas constitucionales de procedimiento legal y para los chicos, “piedad” en institutos de menores, para cumplir condenas sin juicio previo? ¿Será que necesitan este estado de cosas para ejecutar programas de “reeducación” y llevar a delante un festival de “buenas” acciones que reproponen el denostado Patronato, mientras que para los adolescentes de clase media, la ley y los abogados obtienen la libertad inmediata planteando la ilegalidad de las medidas de privación de libertad?
La responsabilidad de chicos y adultos
Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:24.
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por
Gabriel Lerner, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia
contacto@miradasalsur.com
La Presidenta acaba de poner racionalidad en el exacerbado debate sobre la “imputabilidad” al señalar que “esto de la edad no es una política de seguridad”. Tomando distancia de discursos catastrofistas, Cristina Fernández ubicó las cosas en su verdadera dimensión. Y es que – si bien el debate sobre la edad de imputabilidad penal no puede regirse sólo por criterios cuantitativos – no debe perderse de vista que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes menores de 18 años no es de gran peso en nuestro país. En ese contexto, la de los menores de 16 años es escasamente relevante.
En la provincia de Buenos Aires – centro de la discusión –, durante 2009 se abrieron 637.189 causas penales en fiscalías de mayores, mientras que las iniciadas para investigar delitos cometidos por adolescentes fueron 28.939. Es decir: de todos los procesos abiertos, un 4,5% correspondió a menores de 18 años. De ese último universo, la participación de chicos menores de 16 no supera, a su vez, el 15%. Con relación a la cantidad de adolescentes privados de libertad en todo el país por imputaciones o condenas penales, la cifra ronda regularmente los 1.500 jóvenes de los que entre el 10 y el 15% tienen menos de 16 años. Los números no son soluciones, pero nos ubican en las dimensiones de los problemas.
Descartada terminantemente la idea de que la pena a un adolescente pudiera ser aplicada al solo fin de compensar el perjuicio sufrido por la víctima, cabe preguntarse si ampliar y endurecer el sistema penal juvenil puede resultar eficaz con fines de prevención general. Existe un muy amplio consenso social en sentido contrario. Afortunadamente es casi unánime la idea de que – en especial respecto de los más chicos – no hay mejor prevención que la inclusión social, educativa, laboral y familiar.
La definición de la edad de reproche penal debe determinarse, desde mi punto de vista, buscando que la intervención estatal que resulta del delito se oriente – con la mayor eficacia posible – a evitar que a futuro el o la joven incurran en nuevas transgresiones. No hay debates al respecto sobre la franja de 16 a 18 años: procesos con garantías, derecho de defensa y, de corresponder, penas sustancialmente diferentes a las de los adultos. ¿Ese objetivo de responsabilización mediante el proceso penal es también adecuado también para muchachos y chicas de 14 o 15 años? Ese es el debate y no otro.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU – encargado de efectuar un seguimiento de la aplicación de la Cidn – recomendó a todos los países que considera encomiable que tengan como edad mínima los 14 o 16 años. Y recomienda no reducir esas edades mínimas donde ya estén establecidas.
Las recomendaciones del Comité sintetizan un conjunto de experiencias internacionales, cuyo fundamento es técnico pero también conceptual. Los adolescentes son progresivamente responsables por sus actos en la medida en que crecen y se desarrollan. Pero es el mundo adulto, nosotros, los que debemos hacernos cargo de las desigualdades, desamparos o violencias que aún atraviesan las vidas de muchos chicos y chicas. Pensemos seriamente en aquello de que nadie nace delincuente.
Sobre lo que puede pasar a los 16 años
Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:23.
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por
Claudia Cesaroni, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humano
contacto@miradasalsur.com
Otra vez se discute qué hacer con algunos pocos adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves. Somos muchos quienes pensamos que es una mala idea introducir más personas, cada vez más pequeñas, en un sistema – el penal – que, como dice el criminólogo noruego Nils Christie, se especializa en repartir dolor. Hemos dicho que si hay niños que están donde no deberían – en la calle, con un arma, aspirando bolsitas, solos, fuera de la escuela, del club o de la canchita – es porque muchos adultos, y principalmente el Estado, no están donde tienen que estar. Y hemos concluido que, donde no aparece a tiempo el Estado social, irrumpe – tarde y mal – el Estado penal, con sus policías y cárceles.
Mientras discutimos, no podemos olvidarnos de jóvenes a los que, a los 16 años, les han pasado cosas muy graves, que el Estado debe reparar. Lucas Matías Mendoza tenía 16 cuando, hace catorce años, fue detenido por varios hechos graves. Luego, en abril de 1999, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral de Menores Número 1 de la ciudad de Buenos Aires, junto con Claudio David Núñez, que tenía 17 al ser detenido, también en enero de 1997.
En otra causa, César Alberto Mendoza (sin relación de parentesco con Lucas), también fue condenado a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años. Todos ellos eran niños, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto no se les podía aplicar la misma pena que a un adulto.
En la provincia de Mendoza, otros tres jóvenes fueron condenados del mismo modo por la Cámara Penal de Menores. Uno de ellos, Ricardo David Videla Fernández, apareció colgado en una celda de castigo el 21 de junio de 2005. Tenía 20 años.
En junio de 2002 se denunciaron los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Hace dos meses, la Cidh afirmó que habían sido mal condenados y recomendó al Estado revisar las sentencias, investigar las torturas denunciadas por varios de los jóvenes y la muerte de Videla Fernández e indemnizar a las víctimas, es decir, a los jóvenes y a sus familias.
Luciano Arruga también tenía también 16 años cuando desapareció hace dos años, el 31 de enero de 2009. Según denunciaron varios testigos en ese entonces, antes estuvo detenido en un destacamento policial de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Pese a que ni un solo día dejaron de reclamar por él, la familia y los amigos de Luciano no han logrado que su ausencia sea investigada como una desaparición forzada.
Cinco jóvenes cumpliendo penas a prisión perpetua, pese a que se les repite hace años que esas condenas son ilegítimas.
Un adolescente desaparecido, luego de ser hostigado y detenido por la policía bonaerense. En lugar de diseñar nuevos castigos para chicos cada vez más chicos, es imprescindible resolver estas deudas pendientes: la libertad para los cinco condenados a prisión perpetua, la aparición con vida de Luciano Arruga.
Violencia estructural y linchamiento social
Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:21.
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por
Luis Federico Arias, juez de La Plata
contacto@miradasalsur.com
Un menor, un arma, un muerto y otra vez las proclamas sobre la conveniencia de bajar la edad de imputabilidad. Un debate inconducente, una dialéctica recurrente, un reduccionismo inaceptable, un producto de consumo mediático-político que procura satisfacer las “legítimas” expectativas del “pueblo”. Es decir, a la clase media propietaria que se siente amenazada con estos pibes que “salen a robar y a matar”. Desde la entraña de aquellos sectores medios, que otrora portaban cacerolas preocupados tan sólo por la defensa de su patrimonio mientras once millones de argentinos se hundían en la pobreza, surge ahora este neofascismo que reclama y proclama el linchamiento social de quienes –se supone– son los responsables de esta parcialidad delictiva. No importa la inseguridad habitacional, alimentaria, sanitaria, educativa o laboral. Eso es cosa de pobres, estos enemigos reales o potenciales que amenazan “nuestra” seguridad personal. Estos sectores marginados no se identifican con su reclamo: quien no tiene nada que perder, nada tiene que temer. Tampoco importa la delincuencia de guante blanco, la criminalidad política o el narcotráfico, mientras no trasponga la reja de “nuestro” jardín.
Son estos sentimientos individualistas los que terminan legitimando la implementación de políticas de corte represivo y de abandono social, que derivan en violencia sistémica o estructural hacia los sectores más vulnerables. Es de esperar entonces que aquellas políticas desarrolladas en las últimas décadas derive en episodios de violencia interpersonal, porque –como es sabido– la violencia engendra violencia. En esta ocasión, el debate público ha centrado su análisis en la órbita del derecho penal, desde donde se intenta brindar una solución punitiva al creciente reclamo de seguridad. Si embargo, esta situación constituye tan sólo un epifenómeno de una realidad social mucho más compleja que nos negamos sistemáticamente a reconocer.
Es preciso advertir que los países cuyos indicadores sociales revelan profundas desigualdades, poseen elevadas tasas de criminalidad. En el caso de América Latina, las estadísticas oficiales y las investigaciones de expertos corroboran una tendencia ascendente a partir de la década del ‘80 que coincide cronológicamente con el deterioro social derivado de la aplicación de las políticas económicas del Consenso de Washington, con un evidente abandono del Estado de Bienestar.
A fin de apartarnos de esa parcialidad reductiva, la primera labor que se impone, es “descriminalizar” la situación, tarea que se presenta un tanto difícil si tenemos en cuenta el constante fogoneo de los comunicadores sociales, del poder político y de algunos penalistas, que han monopolizado el debate. Habrá que esperar entonces la modificación de la ley que disminuya la edad de imputabilidad de los jóvenes, aunque más no sea para demostrar que fue éste debate estéril e inoficioso, y enarbolar otro discurso, donde podamos hacernos cargo definitivamente, como sociedad y como Estado, de las consecuencias derivadas de la violencia estructural que hemos impartido a estos jóvenes nacidos en los ’90.
No a la baja en la edad de imputabilidad.
Paremos el colectivo:
No a la baja en la edad de imputabilidad.
Eran las 22 hs. del sábado 29 de enero de 2011 cuando, junto con mi compañera y nuestro bebé de cinco meses, nos retirábamos de la jornada cultural en la que se recordaban los dos años impunidad que trascurrieron desde que el adolescente de 16 años, Luciano Nahuel Arruga, fue desaparecido en la Localidad de Lomas del Mirador. En el camino que nos condujo a nuestro hogar, un hecho particular me hizo reflexionar sobre las palabras que leerán a continuación.
¿Qué le ocurre a nuestra sociedad cuando discute sobre la baja en la edad de imputabilidad? ¿Qué nos ocurre a los argentinos cuando descargamos sobre nuestra juventud todas las miserias que cometimos en nuestro pasado? ¿Hasta cuando seguiremos intentando vivir en un país en el que la mayoría de nuestros jóvenes sólo tienen derecho a su pobreza?
Pienso que con la respuesta al segundo interrogante puede resolverse el primero y a su vez el tercero. Siento que lo que nos ocurre como sociedad es que somos incapaces de asumir la responsabilidad que nos pesa sobre nuestros pibes, y creo que solamente dejaremos de vivir en ese país cuando reconozcamos que existen tres países en uno: el país de los que piden pena de muerte para los mal llamados “pibes chorros”; el país que sigue al anterior, pero que de una forma más discreta se esfuerza por ingeniárselas para que los “pibes chorros no molesten”; y el país que desde hace mucho tiempo vive sin país y lucha día a día por intentar tomarse un colectivo que lo lleve a algún destino.
Precisamente eso intentaban hacer dos chicos, de aproximadamente 15 años, a diez cuadras de Puente La Noria cuando el conductor, del colectivo en el cual viajábamos, decidió no pararles por temor a que lo asalten. Mi compañera, mi hijo, y quien suscribe llegamos a nuestro hogar sin ningún inconveniente.
Exceptuando al niño de cinco meses, inimputable por cierto, mi compañera, y quien suscribe, bien podemos ser clasificados, junto con el conductor del colectivo, dentro del segundo país. Pero lo triste no se agota tan sólo en eso sino que lo realmente fuerte es el hecho de que esos dos niños no llegaron a ningún destino.
El colectivo se les fue. Sus gorras, su color de piel, su vestimenta y el lugar desde donde pretendían tomárselo eran suficientes para una condena: la condena de pertenecer al país del sin país.
Esos chicos, desde el momento en el que les privamos hasta de su posibilidad de viajar en un transporte público, son considerados, sin cometer ningún acto, ladrones, asesinos, criminales. Sobre esos chicos no tenemos otro derecho que no sea el de escucharlos, el resto son responsabilidades. La responsabilidad que nos pesa como sociedad y la que cada uno deberá sumir en sus diferentes grados.
Bajar la edad de imputabilidad significa seguir evadiendo responsabilidades, seguir dejando a chicos a la espera de un colectivo que no parará, seguir llegando a nuestras casas con la conciencia sucia de saber que hay quienes no llegarán. Seguir, por acción u omisión, haciendo desaparecer al divino tesoro que tiene una sociedad: su juventud.
Juan Manuel Combi
martes, 18 de enero de 2011
Cine - Debate + Peñita: sábado 22 de enero, 19 hs
lunes, 17 de enero de 2011
FESTIVAL y JORNADA CONTRA LA IMPUNIDAD
Sábado 29 de enero: FESTIVAL y JORNADA CONTRA LA IMPUNIDAD
Luciano era un adolescente de 16 años que se encuentra desaparecido desde el 31/01/2009, cuando fue interceptado por policías bonaerenses del destacamento de lomas del mirador ubicado en Indart 106. Testigos y peritajes determinaron que Luciano estuvo en este lugar y en la comisaria 8º ubicada en Tapalque y Quintana.
El destacamento de lomas del mirador depende de esta comisaria 8 está en tiempos de dictadura fue un centro clandestino de detención, “el Sheraton”, lugar siniestro que desapareció y sigue aun en democracia desapareciendo seres humanos. Hasta el día de hoy los policías que sin justificación alguna detuvieron a Luciano lo golpearon brutalmente hasta quitarle la vida y lo desaparecieron continúan trabajando en diferente comisarias, esto es preocupante, es un problema para todos nosotros, usted se podría cruzar con estos asesinos uniformados.
Luciano es desaparecido y existe un por que, intentaron incluirlo en un grupo de jóvenes que robaban para la policía tras negarse a esta actividad es perseguido sistemáticamente siempre bajo amenaza. Imagínese usted con 16 años sufriendo la persecución de policías mafiosos que intentan por medio del miedo iniciarte en el delito. El caso de Luciano arruga ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante democracia por organizaciones de derechos humanos y el comité de los derechos del niño de las naciones unidas la cual en su informe del año 2010 exige a las autoridades argentinas de “concluir una investigación exhaustiva e imparcial” e incluirlo en conformidad con la convención sobre los derechos de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
NINGUN PIBE NACE PARA CHORRO Y ES NUESTRO DEBER PROTEGER SU FURTURO.
Fuente: Familiares y Amigos de Luciano Arruga.
LOS ESPERAMOS EL 29 DE ENERO A LAS 10HS
EN J.M. de ROSAS 400 (LOMAS DEL MIRADOR)
Comunicado Movimiento Campesino de Formosa
ESCLAVOS DEL SIGLO XXI
Mediante la presente el MoCaFor (Movimiento Campesino de Formosa), organización de base del Frente Nacional Campesino (FNC), denuncia ante la opinión pública la situación de servidumbre en la que viven centenares de trabajadores rurales en establecimientos ganaderos de la provincia de Formosa.
Según se puede probar, centenares de trabajadores son explotados y viven en condiciones inhumanas en los nuevos establecimientos ganaderos propiedad de los que algunas autoridades llaman “inversionistas”, la mayoría de los esclavizados son trabajadores de origen paraguayos que son reclutados en su país por punteros que prometen buena paga por los trabajos en campos de patrones desconocidos.
Los establecimientos ganaderos involucrados en la explotación de los hermanos paraguayos, por lo general, están ubicados dentro de una franja de 100 km al margen del río pilcomayo frontera con la Republica del Paraguay, los trabajadores paraguayos realizan trabajos de desmonte, destronques, limpieza de campo, postes, alambrados, corrales, galpones, etc.; los precios pagados por los trabajos realizados son irrisorios de los cuales se les descuentan las mercaderías proveídas por los patrones. Entre las mercaderías más consumidas por los trabajadores se encuentran: la yerba mate, aceite de girasol, arroz, fideo y harina. Por cada kg de comestible que cuesta $ 3 en el mercado el patrón le descuenta al trabajador $ 10.
Los trabajadores son traídos en forma ilegal, son retenidos en el interior de los campos hasta que terminen sus trabajos y generalmente viven en chozas o en galpones de herramientas. Los hermanos paraguayos no pueden hacer denuncias porque temen de sus situaciones irregulares, situación que es aprovechada por los patrones para ejecutar grandes obras a precios irrisorios y evadiendo impuestos y aportes patronales, además se sabe que a varios de los trabajadores se les hace firmar papeles en blanco.
A modo de ejemplo, se sabe que la empresa terrateniente Caminos Ganadera, con campos en Gral. Belgrano y Villa Gral. Güemes Formosa, explota mano de obra paraguaya en forma ilegal, y que otros establecimientos ganaderos de la nueva oligarquía formoseña entre los cuales existirían políticos de alto rango también cuentan obreros rurales sometidos a la servidumbre.
Nos parece importante aclarar, que no es común este tipo de relaciones de sometimiento entre los ganaderos criollos de Formosa, es decir no es común que un productor formoseño nativo, pequeño o mediano, tenga bajo sus dominios trabajadores rurales en situación de esclavitud. La situación de ilegalidad y evasión esta muy relacionada a los prósperos empresarios terratenientes.
En varios establecimientos de la provincia de Formosa en la frontera con el Paraguay se desarrollan actividades ilícitas de mucha gravedad: apropiación ilegal de tierras; trabajo esclavo; desmontes de bosques nativos, aterrizajes ilegales de aeronaves. No todos los establecimientos de la frontera están involucrados pero si la mayoría de los nuevos “inversionistas”.
A veces nos preguntan porque no se hace las denuncias legales correspondientes, la respuesta es simple: donde? Ante que institución? es muy difícil que el denunciante y familia puedan seguir vivos después de la denuncia. Y en Formosa que institución nos va a proteger de estos poderosos delincuentes?
En Formosa tenemos mucho trabajo para la justicia federal, entre otros: trabajo esclavo y pistas clandestinas de aterrizaje.
Es muy conocido, que en los primeros años de la colonización del territorio de Formosa los empresarios beneficiados por el gobierno argentino con grandes extensiones de tierras sometían a los sobrevivientes paraguayos y a indígenas del territorio nacional en forma de esclavos en medio de los montes en los grandes obrajes que explotaban. A mas de 140 años del fin de uno de los genocidios mas grande del mundo, la guerra de la triple alianza, hoy algunos genocidas siguen explotando y matando a nuestros hermanos.
Ojala alguna vez se investigue y se haga justicia, por ahora tenemos la oportunidad de que muchos argentinos sepan la verdad. Como pueblo argentino no podemos permitir que sigan impunes semejante crímenes.
Gral. M. Belgrano, 13 de enero de 2011
