Para construir un nuevo culpable al que achacarle todos los males sociales, los medios simplifican al máximo las tramas detrás de cada crimen resonante.
Como hace un mes fueron los inmigrantes y mucho antes los cuidacoches, el enemigo público número uno del momento son los llamados menores de edad: los niños. Conviene llamarlos así, como corresponde a toda persona que no cumplió los dieciocho años, para recordar de qué se está hablando. Esta vez, el linchamiento mediático de niños se desató luego del crimen sin dudas aberrante de Fabián Esquibel, asesinado delante de su hijo de once años. Esquibel se resistió a que lo asaltaran en su casa en Tolosa, y durante el forcejeo, uno de los ladrones le disparó con una 9 milímetros en la cabeza. El único detenido fue un adolescente de quince años, habitante de una villa de la zona e hijo de un hombre condenado por otro crimen. La policía encontró en su poder parte del botín y la 9 mm con la que en teoría ejecutó a la víctima. Quizá no sea casualidad que se trate del mismo tipo de arma de guerra que se utilizó en otros casos que desataron la furia mediática contra los niños en conflicto con la ley penal.
En abril de 2009, el asesinato del camionero Daniel Capristo desató una campaña en los medios para pedir la baja de la edad de imputabilidad. El acusado por el crimen, un adolescente de catorce años, le disparó a Capristo casi una decena de balas con una pistola 9 milímetros porque la víctima se resistió a entregarle su auto. Miradas al Sur contó cómo el niño que cometió el crimen era en realidad un peón dentro del esquema de robos de autos en la zona, una red digitada por adultos en la que participaban policías en actividad.
Algo similar pasó con el ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado durante un asalto en su casa en octubre de 2008. En ese caso los adolescentes que fueron detenidos develaron que eran la mano de obra de una mafia policial que reclutaba adolescentes en La Matanza para ir a robar casas en San Isidro. “La policía nos tiene con un arma en la cabeza”, dijo sin saber que lo estaban grabando Kitu, uno de los principales acusados del crimen. Varios testigos también describieron cómo la policía garantizaba el transporte y la logística necesaria para los asaltos.
Pero si algún caso dejó claro el rol de los mayores en los crímenes cometidos por niños, ese fue el caso de Santiago Urbani, asesinado de un tiro en la sien el 10 de octubre de 2009. Por su homicidio fueron encontrados culpables dos adolescentes, pero el tribunal decidió aplazar las condenas hasta que cumplieran 18 años. El fallo generó polémica e incluso se amenazó con pedir un juicio político contra los magistrados, que no hicieron más que respetar garantías constitucionales.
La clave del caso quedó relegada frente a esa furia mediática contra los jueces. Varios de los testimonios que se escucharon durante el debate oral hablaron del cuarto hombre que había participado del asalto, un soplón policial de 43 años llamado Oscar Alberto Pérez Graham. Especializado en el robo de autos, Pérez Graham solía jactarse de conseguir zonas liberadas en la zona norte del conurbano, gracias a su amistad con varios comisarios. En los últimos tiempos había sumado a esas especialidades la de reclutador de adolescentes. “Un señor pelado les dijo a los pibes si querían ir a robar; ellos no querían ir, pero él se los llevó a tomar droga y no volvieron más”, señaló un testigo durante el juicio, en el que también se supo que en la noche en la que Urbani fue asesinado, el propio Pérez Graham llevó a los adolescentes hasta Tigre. Pero mientras los jóvenes cayeron presos, él siguió con su vida normal. El 20 de octubre de 2009 fue detenido por efectivos de la comisaría de Garín y enseguida fue liberado, aunque sus captores sabían que era buscado por el caso Urbani. Desde entonces vivió en la zona de Escobar sin tomar mayores recaudos. Recién fue detenido cuando luego del juicio su nombre quedó en el centro de la escena.
Para convertir a los niños en depositarios de todo mal social, hace falta limar esas tramas complejas hasta convertirlas en titulares simplistas e incluso falsear la información. La Nación publicó el miércoles pasado un artículo titulado “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Para el diario, ese dato justificaría la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Pero la información no es cierta. Más allá del título engañoso – la estadística se refiere a los asesinatos en particular y no a los crímenes en general –, el porcentaje tampoco es real. Los números que citó La Nación son los que publica la Procuración de la Suprema Corte Bonaerense para el primer semestre de 2010. Allí se informa que se abrieron 87 causas contra menores de 18 años sospechados de asesinato y que lo mismo se hizo con 564 adultos. En otras palabras, sobre 651 investigados por asesinato, 87 son adolescentes. La cuenta es sencilla: el 13% de los acusados son menores de 18 años. Un 2% menos de lo que dice La Nación.
El porcentaje que maneja la provincia es igual al que publicó la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para todo el país para 2009. Ninguno de los dos informes señala cuántos de esos menores tenían menos de 16 años al momento de ser acusados. Al menos en el caso de la Dirección de Política Criminal, esto tiene una razón sencilla. Si un menor de 16 años comete un crimen, al no ser punible no se lo considera en la estadística. Esa podría ser la segunda mentira de La Nación: usar los datos de mayores de 16 años para decir que hay que condenar a los menores de 16. La verdad es que el único organismo que incluye a los niños de 14 y 15 años en los números sobre asesinatos es Naciones Unidas. Según sus datos sobre la Argentina, sobre 1.900 homicidios anuales sólo el 10% serían cometidos por adolescentes, y de esos apenas el 1% tendría como autores a jóvenes de 14 y 15 años.
Pero ese no es el problema central de lo que plantea el artículo. Lo más grave es que asegura que ese 13% de menores son responsables de asesinato, cuando la estadística que cita se refiere a investigaciones penales abiertas y no a sentencias. En nuestro país, el régimen penal se basa en que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Considerar a un sospechoso culpable antes de ser juzgado responde a una lógica bien clara. Ni siquiera es algo moderno. Cuando se hizo la Ley de Patronato, se la pensó como una norma contra los niños que trabajaban de canillitas y se hacían anarquistas. En las calles de Buenos Aires había unos 15.000 de ellos. Durante 10 años, Luis Agote batalló para votar la ley para encerrarlos. Esos niños, decía, “constituyen un contingente admirable para cualquier desorden social siguiendo por una gradación sucesiva de esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van a formar parte de esas bandas anarquistas”. La mayoría tenía entre 9 y 12 años. La propuesta de Agote era recluir a 10 mil de esos niños en la isla Martín García. Algo que a muchos les gustaría volver a proponer.
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