Las sentencias llevaron un poco de paz a las víctimas de “El Vesubio”
Después de más de tres décadas, la Justicia condenó a algunos de los responsables de los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detención de Aldo Bonzi. Los testimonios de quienes convivieron con la muerte.
Por Emiliano Suárez, Gabriela Guibaud, Julio D'Amore y Facundo Bonomi
Si la justicia llega tarde, ¿es justicia? De no serlo, las recientes condenas impuestas para siete represores que operaban en el ex centro clandestino de detención y tortura “El Vesubio” significaron, al menos, un gesto reconfortante para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.
El jueves 14 de julio, el Tribunal Oral Federal N° 4 los condenó con penas de entre 18 años de cárcel y prisión perpetua (Ver: Los represores y sus condenas) por hallarlos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de tres décadas.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi comprobaron que los imputados fueron responsables de 156 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos entre 1976 y 1978, así como de 22 homicidios agravados.
La sentencia llegó luego de más de un año de audiencias en las cuales declararon unos 300 testigos, entre ellos muchos sobrevivientes, que dieron cuenta de los tormentos sufridos en el campo de concentración que estaba ubicado en Riccheri y Camino de Cintura, en Aldo Bonzi. Atrás, también, quedó la dilación de la causa que estuvo paralizada desde que se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que se reactivó luego de la anulación de estas legislaciones, en 2003.
Los testimonios
Se calcula que, en “El Vesubio” -el más importante de los diez centros de detención ilegal que funcionaron en La Matanza- estuvieron más de 2.500 personas desaparecidas, entre ellas algunas personalidades de la cultura como el escritor Haroldo Conti, el historietista Héctor Oesterheld y el cineasta Raymundo Gleyzer. Y fueron solo 200 las que pudieron sobrevivir y se presentaron a dar su testimonio en el juicio.
El primero en hacerlo, en esta instancia, fue Jorge Watts, un ex militante que estuvo 75 días secuestrado y más de siete meses preso. En diálogo con El1, el fundador de la Asociación de Detenidos Desaparecidos contó cómo fue abordado por un grupo de personas armadas que lo estaban esperando en la salida de su trabajo, en julio del '78, luego de haber sido delatado por los directivos de la empresa en connivencia con los grupos de tareas, según denunció.
“Me metieron en el piso del asiento de atrás de un Renault 12 blanco, sin ningún tipo de identificación y me llevaron hasta 'El Vesubio'”, relató. Allí, como todos, permaneció encapuchado y encadenado a la pared, soportó reiteradas sesiones de tortura y convivió, de cerca, con la muerte, según relató en su libro “Memoria del infierno”. “Al lado mío, asesinaron a patadas a un delegado del banco de Tokio; y una mujer perdió su embarazo de siete meses por la picana y los golpes”, recordó el ex integrante de la Vanguardia Comunista.
En la misma organización militó Guillermo Lorusso, quien fue secuestrado por paramilitares, en junio de 1978, y que, también, fue trasladado al centro clandestino de Aldo Bonzi. Hacía unos meses, había viajado a Europa para vincularse con los periodistas que llegarían al Campeonato Mundial de Fútbol, para denunciar los atropellos que estaban ocurriendo en el país. Cuando volvió, una patota entró a su domicilio y se lo llevó encapuchado junto a un compañero, después de robarle todos sus elementos de valor, entre ellos, un Fiat 600.
“Nos bajaron a los golpes y nos tiraron al piso, a pocos metros de una sala de torturas que estaba siendo utilizada. A mi amigo, lo torturaron inmediatamente”, lamentó. Así, estuvo 26 días esposado a otra persona y encadenado a la pared y tenía terminantemente prohibido hablar, en rigor de las amenazas de muerte.
“Había que escuchar las torturas a los compañeros y esperar tener suerte para el momento en que te tocara, y resistir para no dar ninguna información que pudiera favorecer otra captura”, dijo.
Una segunda causa
“El Vesubio” había comenzado a funcionar como centro de detención en agosto del ‘75, casi siete meses antes del golpe, y fue demolido por la dictadura a fines del ‘78, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Funcionaba bajo la dependencia del primer cuerpo de Ejército, que encabezaba el ex general Carlos Suárez Mason; y uno de sus máximos responsables fue el ex coronel Pedro Durán Sáenz, quien estuvo imputado en esta causa, pero que falleció el pasado 6 de junio y sus crímenes quedaron impunes. Luego, el coronel Gustavo Cacivio asumió la jefatura del lugar, pero quedó fuera del proceso judicial por haber sido identificado tiempo después de su puesta en marcha.
Para juzgarlo, existe una segunda causa que ya se está ejecutando y que tiene, también, a otros cuatro procesados: el agente del Servicio Penitenciario Federal Néstor Cendón, el teniente coronel Jorge Crespi, el teniente coronel Federico Minicucci y el teniente coronel Faustino Svencionis.
La investigación está en etapa de instrucción en el juzgado de Daniel Rafecas y se estima que, el año que viene, será elevada a juicio oral.
Por un espacio para la memoria
La Municipalidad maneja el proyecto de convertir el predio de “El Vesubio” en un centro para la memoria, similar al de la ESMA.
“Esperamos que se modifique la orden de 'no innovar' que recae sobre el lugar para solicitar la cesión del espacio a los titulares del Mercado Central, los actuales dueños”, confirmó Gina Di Nardo, ex directora de Derechos Humanos y actual jefa de la Descentralizada Noroeste, que tiene a su marido desaparecido por la dictadura.
La intención es reconstruir, al menos, uno de los tres chalets que había en el lugar y sumarlo al monumento que se colocó en las inmediaciones. De la iniciativa participa, además, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, cuyo titular, Pablo Pimentel, remarcó que la idea es “recuperar ese espacio para convertirlo en un lugar de homenaje para quienes estuvieron allí”. La sentencia a los represores fue declarada de interés municipal por el intendente Fernando Espinoza, que estuvo presente en la lectura del fallo.
El primero en denunciar
El titular del SUTEBA de La Matanza, Paulino Guarido, fue la primera persona en denunciar el infierno que se estaba viviendo en “El Vesubio”. Lo habían secuestrado en su casa de Lugano, una vez finalizado el Mundial '78, junto a su esposa Mónica, y trasladado al centro de detención. “Yo salgo a los pocos días y decido ir a la Justicia, pero el juez me interrumpió la declaración cuando quise dar precisiones”, recordó.
Su mujer estuvo desaparecida unos meses más, hasta que la trasladaron a la cárcel de Devoto y la “legalizaron”, jerga que se utilizaba para aquellos detenidos de los cuales se daba a conocer su paradero. Mónica estaba embarazada y tuvo a su hijo en la prisión.
Ambos participaban en el Centro de Estudiantes del profesorado donde cursaban y, por separado, mantenían cierta militancia partidaria. “No poníamos bombas ni fierros, pero creíamos que era lícito resistir de la manera que uno pudiera; y la nuestra era trasladar nuestra opinión y mantenernos organizados”, remarcó el docente.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
“El 15 por ciento de los cautivos en El Vesubio eran judíos”
Así lo afirmó el juez federal Daniel Rafecas en el acto en conmemoración por el 17° aniversario del ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina, y destacó que la condición religiosa de los detenidos implicaba “mayor ensañamiento” hacia ellos por parte de sus captores.
Así, se refirió el funcionario judicial, reconocido por su compromiso en la lucha contra la discriminación y el antisemitismo en la Argentina, al recordar la condena que emitió, recientemente, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°4 contra siete militares y miembros del Servicio Penitenciario que actuaron en el centro de detención clandestino El Vesubio, que funcionó en La Matanza durante la última dictadura militar.
“También, está probado que ser judío en un centro clandestino en la Argentina significaba tener mayores chances de formar parte de un `traslado´, es decir, de pasar a ser un desaparecido”, denunció el juez.
Rafecas fue uno de los principales oradores en el acto que se desarrolló en la puerta de la reconstruida mutual que estalló el 18 de julio de 1994 y donde murieron 85 personas, y que cuentó con la presencia de la Presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, entre otros funcionarios.
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