martes, 31 de enero de 2012

Tapa revista

Entrevista a Néstor López

Coordinador de programas del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) UNESCO - Buenos Aires.

El autor reflexiona sobre la situación de la educación en la región, considerando, entre otras cuestiones, la expansión de los procesos de escolarización y los desafíos para alcanzar la equidad, las tensiones y dificultades en las relaciones que la escuela establece con los/as adolescentes, las transformaciones en la legislaciones ocurridas en últimas décadas, y asimismo la heterogeneidad en los procesos de implementación de políticas.

Según López, en los últimos 15 años hubo una expansión significativa en el proceso de escolarización de niños y adolescentes y jóvenes en casi toda la región. En esta expansión fueron beneficiados los sectores históricamente olvidados. Así, se avanzó hacia la incorporación de los niños/as y adolescentes indígenas, afro-descendientes, pobres, y de las zonas rurales. Sin embargo a partir de 2004-2005, las tasas de escolarización ya no crecen e incluso empezaron a bajar.

En esta dificultad de la escuela para seguir incluyendo a los alumnos, aparecen los problemas estructurales como la pobreza y la exclusión. Pero además, se observa la dificultad que tiene el sistema educativo para relacionarse con los adolescentes. La escuela secundaria vive un dilema: si la escuela fue pensada para seleccionar, hoy se le pide que sea inclusiva y universal. La imagen que se sigue teniendo del alumno es la del adolescente urbano, blanco y de clase media. La escuela, como otros organismos del estado tiene una dificultad de establecer una relación con la adolescencia basada en el reconocimiento de su identidad y su cultura, sus intereses, expectativas, miedos y sus dudas. Estos elementos operan como conflictivos y propician el abandono de la escuela.

Otro tema pendiente es el tema del aprendizaje. López señala que en este momento hay un debate en la región sobre cómo abordar el problema de la calidad del aprendizaje sin menoscabar la propuesta de inclusión educativa.

Con relación a las principales transformaciones legislativas de los procesos educativos en América Latina , reconoce una tendencia al reconocimiento de la educación como un derecho y no un privilegio, en donde hay una preocupación explícita por la no discriminación. Esto, luego de la superación de las reformas de los años 90, cuando la educación era pensada como una herramienta de formación de recursos humanos para la participación en el mercado.

López concluye planteando que el discurso de los derechos se ha consolidado y ha adquirido legitimidad en la región, pero alerta que surgen disensos al momento de asignar fondos y ejecutar las políticas. Por otra parte, en lo que atañe a la implementación de estas nuevas leyes, resalta las enormes diferencias que existen entre los países de la región. El grado de implementación de estas normas o la posibilidad de convertirlas en políticas dependen, entre otras cosas, de la tradición y la solidez de las instituciones del estado.

Fuente: Equidad para la Infancia

LA FAMILIA DE FÉLIX DÍAZ, DE LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA, FORMOSA, CORRE PELIGRO DE MUERTE


Buenos Aires, República Argentina. Año 2012

Señora Presidenta de la Nación Argentina Doctora Cristina Fernández de Kirchner

Balcarce 50 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:

Ante una nueva agresión al hijo de Félix Díaz el día 7 de enero de 2012, en su comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, como ciudadana argentina tuve la iniciativa de redactar esta carta para entregar a usted Señora Presidenta de la Nación. La misma fue apoyada por innumerables ciudadanos que comparten y ven con preocupación la grave problemática que más adelante se detalla.

INTRODUCCIÓN: Los indígenas de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, viven una situación de vulnerabilidad extrema, en particular la familia del representante de la comunidad, el señor Félix Díaz. Sus hijos sufrieron dos atentados que pusieron en riesgo sus vidas, a la vez que se incendiaron sus viviendas. En cuanto a la comunidad en general, no tienen acceso al agua, a una adecuada alimentación, a servicios sanitarios y a una vivienda digna. A este cuadro de situación se suma que más de 30 indígenas de la comunidad se encuentran imputados, 24 en el marco de los hechos de la represión del 23 de noviembre de 2010. Con todo respeto Señora Presidenta, no alcanza con cambiar el nombre del “Día de la Raza” por el “Día de la Diversidad Cultural Americana”. No alcanza con crear instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el INADI, si sus funcionarios no se ponen al servicio de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Es muy importante que los objetivos por los cuales se crearon las mencionadas instituciones no se transformen en letra muerta.

PETICIÓN : Por lo expuesto Señora Presidenta de la Nación, preocupados por esta grave problemática, y ante el temor de que ocurra una desgracia mayor que afecte a la familia del señor Félix Díaz, con todo respeto le solicitamos que: 1) Reciba al señor Félix Díaz con el fin de que él pueda informarle las necesidades que tiene su comunidad y su situación particular. 2) Ordene al Gobierno de Formosa que de inmediato cesen los hostigamientos y las muertes en la comunidad Potae Napocna Navogoh, que proteja sus vidas y le otorgue condiciones de vida digna. 3) Ordene al Gobierno de Formosa que lleve adelante la agenda que en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo se estableció en Casa de Gobierno. En la misma participaron el señor ministro Florencio Randazzo, el señor Félix Díaz, representantes del CELS, del Serpaj, de Madres Línea Fundadora, de la CTA, de la APDH, de la Defensoría General de la Nación y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En un comunicado el CELS informó: “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”. 4) Disponga que haya justicia y reparación histórica en el plazo más breve posible para los miembros de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, en particular, y de todos los pueblos originarios en general que habitan nuestro suelo. Necesidades básicas todas que hacen al cumplimiento por parte del Estado Nacional de brindar protección, seguridad y derechos humanos a todo habitante de la Nación Argentina.

Con la esperanza de una urgente respuesta favorable a la presente petición, la saludamos cordialmente,

Liliana Giambelluca y ciudadanos que firman este petitorio.

SÍNTESIS DE LOS HECHOS OCURRIDOS DESDE EL 23-11-2010 HASTA EL 7-1-2012

Año 2010:

23 de noviembre de 2010. La comunidad Potae Napocna Navogoh, de la Provincia de Formosa, realizó un corte en la ruta 86 con el fin de reclamar no ser desalojados de sus tierras. Al lugar se presentó un operativo policial y produjo una violenta represión para dispersar a los manifestantes. El enfrentamiento costó la vida de un miembro de la comunidad, Roberto López, y del oficial principal de la fuerza de seguridad provincial Heber Falcón, además de numerosos heridos. Al día siguiente, el aborigen pilagá Mario López, quien organizaba un viaje al lugar del conflicto junto a otros indígenas para repudiar los hechos de violencia, murió al ser atropellado por un automóvil en la localidad formoseña de Estanislao del Campo. La comunidad Potae Napocna Navogoh denunció que se trató de un homicidio cometido por un policía que investigaba a los manifestantes aborígenes en medio de una tarea de inteligencia. 23 de diciembre de 2010. Integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa y su representante Félix Díaz inician un acampe en la plazoleta Cervantes (Avenida de Mayo y 9 de Julio) de Buenos Aires, en reclamo del esclarecimiento de los homicidios de los indígenas muertos y la restitución de 1.300 hectáreas de tierra que les habían sido adjudicadas, pero luego les fueron expropiadas por el gobernador Gildo Insfrán. El objetivo es ser atendidos por la Señora Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. 24 de diciembre de 2010. El señor Claudio Morgado, por entonces Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue hasta el campamento para que los huelguistas concurriesen el día 27 a las 10 de la mañana a la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Florencio Randazzo. 25 de diciembre de 2010. El señor Félix Díaz y sus compañeros pasan la Nochebuena y Navidad en la plazoleta en huelga de hambre. 27 de diciembre de 2010. El señor Félix Díaz y sus compañeros concurren a la Casa Rosada y les niegan el ingreso. Les informan que el ministro estaba “muy ocupado”. Luego Randazzo desmintió haberse negado a recibirlos. Más tarde Morgado se comunicó con Félix Díaz y le informó que la reunión no sería en la Rosada, sino en la sede del INADI, que no dialogarían con Randazzo, pues éste alegó estar demasiado ocupado para recibirlos, sino con el Secretario del Interior, Mario Barbosa Moreira. En respuesta a este cambio de reglas, Díaz decidió volver al acampe y mantener la huelga de hambre. 30 de diciembre de 2010. Félix Díaz levantó la huelga de hambre luego de un acuerdo alcanzado con Claudio Morgado, titular del INADI y Marcio Barbosa Moreira, entonces viceministro de Interior, quienes se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo entre la provincia y la comunidad para canalizar la demanda de tierras, entrega de documentos nacionales de identidad, asistencia sanitaria y una propuesta para que Gendarmería les garantice la seguridad. En una conferencia de prensa que ofreció donde realizaba la protesta, Díaz dijo “Voy a levantar la huelga de hambre porque creo que estoy ante una situación muy difícil. Esto no quiere decir que vaya a dejar de luchar”. A la espera de ser convocados para la mesa de diálogo, el grupo continuó en el acampe.

Año 2011:

21 de abril de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno a adoptar medidas “para garantizar la vida y la integridad física” de los manifestantes “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. 25 de abril de 2011. A cuatro meses del acampe, Félix Díaz y sus compañeros inician una huelga de hambre y un corte en la Avenida 9 de Julio. 30 de abril de 2011. La Justicia contravencional porteña ordenó liberar el corte y el Ministerio de Seguridad apostó más de cien efectivos frente a los manifestantes. “No hay orden para negociar”, manifestó un colaborador de Cristina Caamaño, por entonces viceministra de Seguridad. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz luego de despejar la calle. 2 de mayo de 2011. En Casa de Gobierno se acuerda una agenda en el marco de una Mesa de Diálogo y Trabajo. Además del ministro Randazzo participaron del acuerdo Félix Díaz junto al CELS, el Serpaj, Madres Línea Fundadora, CTA, APDH, la Defensoría General de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. “El Estado se comprometió a brindar garantías en materia de seguridad y a convocar a una mesa de diálogo con el gobierno de Formosa para solucionar el conflicto de fondo por las tierras tradicionales que pertenecen a la comunidad”, precisó el CELS en un comunicado. 6 de mayo de 2011. En la reunión se había acordado el traslado para el día lunes, pero uniformados sorprendieron a los manifestantes el viernes 6 a las 9 de la mañana, y al grito de “vamos, vamos, levántense”, los despertaron. La Gendarmería Nacional se hizo presente en el acampe para proceder al desalojo. Subieron a los indígenas a micros y sus pertenencias a camiones. Integrantes de la agrupación La Cámpora participaron del desalojo con su titular Andrés “El Cuervo” Larroque, quienes ejercieron presión para que se acelerara la partida. Nora de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aseguró ante las cámaras de televisión: “Que venga una especie de patota de jóvenes que son de La Cámpora y organizaciones afines al Gobierno a provocar esta situación, nos duele. Esto parece tolerancia cero”. Florencio Randazzo dijo que la madre de Plaza de Mayo había dicho una “canallada”. 13 de septiembre de 2011. El Gobierno de la Provincia de Formosa se retiró durante una reunión, a la vez que mostró reticente a avanzar en las soluciones propuestas. Asimismo, de manera permanente intentó obstaculizar la Mesa y la firma de los acuerdos logrados. Por su parte, el Estado Nacional no logró gestionar el conflicto con el gobierno de la Provincia, ni avanzó en las soluciones que son de su exclusiva competencia, como la situación de Parques Nacionales. Septiembre de 2011. Incendio de las casas de Adolfo Miranda y de uno de los nietos de Félix Díaz, Tino Díaz. 8 de noviembre de 2011. El hijo de Félix Díaz, de 17 años, y el nieto, de 11, se desplazaban por un camino de la comunidad y fueron agredidos con disparos de armas de fuego que, afortunadamente, no los alcanzaron. Los disparos provinieron de personas que se encontraban dentro del territorio que pertenece a la comunidad y está ocupado por la familia de Alberto Celia. 23 de noviembre de 2011. Organismos de Derechos Humanos (SERPAJ, APDH y CELS) envían una extensa carta a la Señora Presidenta, donde destacan que el gobierno formoseño sigue desconociendo los derechos de los qom, a pesar de los acuerdos logrados en una mesa de diálogo. 7 de diciembre de 2011. El señor James Anaya, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derecho indígena, instó al Gobierno argentino a dar “mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas”, que afrontan problemas de contaminación, salud y educación, entre otros. El relator de la ONU fue a la comunidad Potae Napocna Navogoh de Formosa. Félix Díaz relató que “Anaya estuvo en la zona donde la policía formoseña reprimió y asesinó (el 23 de noviembre de 2010, cuando los qom hacían un corte de ruta en reclamo de tierras) al hermano Roberto López”. El representante de la comunidad expresó que esperan que esa visita permita abrir el diálogo en todo el país para que se escuchen sus “urgentes necesidades”. Durante su estadía de once días, el señor Anaya se reunió con autoridades y representantes aborígenes de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa. En rueda de prensa brindada en Buenos Aires, el relator también manifestó que “una preocupación central” expresada por las comunidades es “la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales”, además de los “retrasos en los procesos de relevamiento territorial” y “los desalojos de indígenas dentro de las extensiones de tierras reclamadas por ellos”. 30 de diciembre de 2011. El señor Félix Díaz fue elegido por la revista “El País” de España entre los 100 personajes destacados del año.

Año 2012:

7 de enero de 2012. Rolando Díaz, el hijo menor de Félix Díaz, durante la mañana fue golpeado con un elemento cortante por cuatro criollos con la intención de asesinarlo. Al menos uno de ellos portaba un arma. El joven pudo escapar, pero quedó en estado de shock y con un fuerte dolor en la cabeza. Tenía temor de ir al médico pero finalmente fue internado en el Hospital Central de Formosa.

Fuente: La Walsh

CERRARON EL DESTACAMENTO DE LA MATANZA DONDE DESAPARECIO ARRUGA


Un homenaje para Luciano

El intendente Fernando Espinoza presidió un acto en el que cerró el puesto de Lomas del Mirador donde Arruga fue visto por última vez. Participó la hermana del joven desaparecido. Crearán allí un Espacio para la memoria social y cultural.

Pudo haber sido una promesa más de campaña, pero ayer se convirtió en realidad. Tal como había pedido la familia de Luciano Arruga, ayer fue cerrado el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue visto por última vez este joven que permanece desaparecido desde el 31 de enero de 2009. En un sencillo acto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció la creación del Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga donde funcionaba una unidad de la Policía Bonaerense, nacido al calor del reclamo de mano dura de un sector de vecinos de esa localidad. Por su parte, la familia anunció que el 28 de enero abrirá allí un centro barrial para seguir dando apoyo escolar, asistencia legal y otras actividades vinculadas con los derechos humanos. “Para la causa de Luciano es un hecho político, si no quieren aceptar que desapareció al menos sospechen que algo ocurrió en este lugar porque si no no lo hubieran cerrado”, dijo su hermana, Vanesa Orieta. En rigor, el subdestacamento será trasladado al barrio Monte Dorrego.

El intendente Espinoza había prometido cerrarlo cuando hubiera algún procesado en la causa judicial que investiga la desaparición del joven de 16 años. Le explicaron que había dos uniformados procesados por encubrimiento en una causa paralela abierta a partir de los testimonios del caso Arruga, y a fines de mayo el funcionario se comprometió públicamente a cumplir con lo que les había anticipado. Pasaron los meses y como las palabras no se transformaban en hechos, los familiares, amigos y organizaciones que vienen acompañando el reclamo de aparición con vida de Luciano hicieron un acampe frente al municipio de La Matanza, que contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e Hijos zona oeste. A partir de entonces se armó una mesa de diálogo que, finalmente, culminó con el acto de ayer.

Poco antes del mediodía, el intendente Espinoza pidió perdón a la familia porque no se imaginaba que “podían seguir pasando cosas como ésta”. En tal sentido, apuntó que “había que tomar el camino contrario al que se había abordado” cuando decidió abrir el destacamento, luego de las demandas de los Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), un grupo que se movilizó por los resonantes casos del asesinato del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Coppola. Los miembros de esa agrupación tenían una estrecha y familiar relación con los policías del destacamento. “Yo lo abrí y yo lo cierro”, dijo Espinoza, y se comprometió a enviar en forma personal el pedido al gobernador Daniel Scioli para que reciba a la familia de Arruga.

“Hicieron la maldad de dejar todo sucio y roto, fue muy duro entrar, cuando llegamos al fondo me imaginé cosas...”, dice Orieta a Página/12 al referirse al chalet de la calle Indart 106 donde funcionaba el destacamento inaugurado en 2008, y donde algunos miembros de Valomi supieron compartir asados con los policías sospechados. Según los abogados querellantes, hay pruebas de que Arruga estuvo detenido allí en forma irregular antes de su desaparición. Además, la última persona que lo vio, tendido en el piso luego de una feroz golpiza, es un preso que estaba alojado en esas celdas. La hipótesis que manejan es que el joven se negó a ser reclutado por los uniformados, que lo habían instado a delinquir en su beneficio, y “se les fue la mano” en el escarmiento.

“Sin la decisión política del gobernador este traslado no se hubiera podido realizar, yo se lo pedí y accedió, y esto nos permite cambiar un lugar de violencia por uno de vida”, dijo Espinoza. Para la hermana de Arruga, “si Luciano desapareció es porque no hubo control, porque no evaluaron antes de abrir otra base policial si el pedido de un grupo de vecinos podía generar los padecimientos de otro sector”, y adjudicó el cierre del destacamento a los amigos, familiares y organizaciones “que estuvieron desde un primero momento”. A ellos también agradeció la lucha para evitar que el caso “siga invisibilizado”. Sobre el destino que le darán al nuevo centro barrial, Orieta dijo que “no será un lugar de recreo, la realidad es la misma, otras mamás lloran a chicos muertos por la policía, no puedo conformarme con el cierre si a mi vecino le sigue pasando lo mismo”. En ese sentido explicó que “nuestra forma de construcción es denunciar cómo se comportaron los sectores políticos y judiciales, que nos dieron la espalda, nos discriminaron”. Sin embargo, admitió que la iniciativa significa “una caricia al corazón”.

En el acto –del que también participaron el secretario de Derechos Humanos del municipio, Miguel Rocha, y el concejal Miguel Bampini–, Pablo Pimentel (APDH La Matanza) coincidió en que el cierre del destacamento es un “importante hecho político” y destacó que había que “volcarlo a la causa para profundizar la investigación”. El expediente aún está caratulado como “averiguación de paradero” y los ocho policías sospechados figuran como testigos

Fuente Página 12 de Adriana Meyer

PARA TERMINAR LOS CASOS EN 2015


La Justicia acelerará los juicios por delitos de lesa humanidad

Los jueces de la Cámara Nacional de Casación decidieron aligerar los juicios a los represores que hayan cometido violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. “Es una medida bárbara”, consideró Pimentel.

Como aun falta juzgar a un centenar de acusados y con el objetivo de dar una respuesta a los familiares de las víctimas, la Justicia decidió apurar los procesos a todos los militares que hayan participado en algún delito de lesa humanidad durante el último proceso de facto que atravesó el país, entre 1976 y 1983.

Al respecto, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comunal, Pablo Pimentel, consideró como “perfecta” la medida de acelerar los juicios.

“Me parece perfecto que se aceleren, la medida de casación está bárbara porque el final de todo esto recién será cuando se todos los que cometieron delitos sean juzgados y encarcelados”, señaló el dirigente.

Asimismo, expresó: “Históricamente, la opinión de la APDH fue que se debía tomar una única declaración a los testigos y utilizarla para todas las causas que involucren a los mismos militares, aunque hayan tenido participación en distintos centros clandestinos, pero siendo los mismos actores”.

Finalmente, opinó que “no se puede poner un límite de tiempo porque siguen apareciendo testigos y se siguen abriendo nuevas causas, por eso, el final será cuando todos los represores acusados sean condenados”.
Fuente El 1

A 10 días del asesinato de nuestros compañeros y luego de la audiencia en el Ministerio de Seguridad


¡Mientras sigamos luchando, ellos seguirán presentes! Lhttp://frentedariosantillan.org/fpds/images/stories/12jerepatommono.jpguego de las masivas movilizaciones realizadas el viernes pasado en todo el país con un amplio apoyo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, los padres de los tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán asesinados: Stella Maris Gómez, mamá de Claudio “Mono” Suárez; Eduardo Trasante, papá de Jeremías; e Ignacio Rodríguez, padre de Adrián “Patón”, brindaron una conferencia de prensa donde expusieron detalles de la reunión que mantuvieron con la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, Cristina Caamaño, secretaria de Seguridad Operativa, Ileana Arduino, secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, y legisladores nacionales y provinciales del FPV.

Luego de exponer el caso a los representantes del gobierno nacional, los padres de los jóvenes asesinados retomaron el reclamo de justicia y la exigencia de avanzar en el desmantelamiento del crimen organizado integrado por barrabravas y narcotraficantes y amparado por la policía y el poder judicial, así como la demanda vinculada a garantizar la integridad física y la vida de los sobrevivientes de la masacre, los testigos y vecinos del Barrio Moreno, que aún está de luto recordando a los militantes asesinados, mientras las bandas de sicarios siguen activas y amedrentando a la población.

Acompañados por Alberto Santillán, padre de Darío; Adolfo Pérez Esquivel, de Serpaj- Servicio de Paz y Justicia; Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, Gastón Chiller, Director Ejecutivo del CELS; Alberto Rodríguez, cuñado de Carlos Fuentealba; "Cachito" Fukman de la Asociación Ex detenidos Desaparecidos; Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital; Fabio Basteiro, legislador de Buenos Aires para Todos; militantes del PTS, la FUBA, el FOL, la AGTCAP, ATE-Junta Interna del Ministerio de Trabajo y la COMPA, entre otros referentes de la lucha por justicia y derechos humanos. También participaron familiares de Noemi Condori, compañera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) asesinada por una banda armada en Escobar, durante la madrugada del martes.

Los padres de los jóvenes militantes asesinados y sus compañeros del Movimiento 26 de Junio destacaron que "esto es algo que no sólo sucede en Rosario, sino que es una realidad extendida a todo el territorio nacional, y debemos hacer algo ya para que esto no vuelva a pasar nunca más".

Fuente: Prensa de Frente