Del Patronato a la Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

En la actualidad podemos encontrar dos paradigmas acerca de la niñez y adolescencia, uno más antiguo, el llamado Patronato de Menores y otro producto del movimiento de derechos humanos, el llamado de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Actualmente, conviven y se han superpuesto durante el último siglo. Ambos lograron ser reflejados en leyes nacionales. La más antigua se plasmó en nuestro país en la Ley de Patronato de Menores (1919) y la segunda, en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (2005).

La Ley de Patronato tuvo un claro destinatario: la infancia pobre1. Intentó solucionar el problema de qué hacer con el alto porcentaje de niños y niñas que consideró en situación de “abandono material” o de “peligro moral” suspendiendo el derecho de los padres y las madres al ejercicio de la patria potestad, derecho que pasaba a ejercer el juez, quien tomaba las medidas que a su criterio consideraba necesarias para tutelar a los niños, niñas y adolescentes que entraban en esas categorías.

La Ley de Patronato le otorgaba al juez facultades arbitrarias. Podía ordenar la privación

de la libertad del “acusado” por tiempo indeterminado. La categoría de “abandono

moral o material” que podía padecer un niño o niña era tan imprecisa que le otorgaba al juez una enorme cuota de discrecionalidad, le posibilitaba el ejercicio de poder casi omnímodo y lo autorizaba a disponer del “menor” hasta cumplir la mayoría de edad, hubiera cometido un delito o no. Mediante la legislación de menores de esa época, los niños, niñas y adolescentes

pobres que salían a la calle en búsqueda de la supervivencia diaria fueron recluidos en instituciones, asilos y reformatorios, es decir, separados de su familia y de la escuela, los espacios adecuados para su desarrollo personal. El Estado segregaba así a la niñez y adolescencia pobre, la separaba del resto de la sociedad para evitar “los males” que podrían causar estos niños y niñas “inadaptados”, futuros “delincuentes” que las condiciones sociales vigentes producían. Ver y escuchar a estos niños, niñas y adolescentes pobres y necesitados pondría al descubierto las deficiencias de toda la estructura social. La Ley de Patronato olvidaba que los problemas que motivaban la internación de estos niños y niñas en institutos, a veces por muchos años, afectaban a todo el grupo familiar, ya que sus padres y madres soportaban situaciones de extrema pobreza con derechos tales como trabajo, vivienda y salud negados por el Estado. Hubo una tendencia a patologizar situaciones de origen estructural. Las viejas leyes de menores sirvieron para condenar a la incapacidad a niños, niñas y adolescentes y familias que vivían hacinadas o con grandes dificultades de brindar contención material y otorgaron capacidad omnímoda al Estado para intervenir en sus vidas privadas ante situaciones de irregularidad nunca bien definidas (...) convertían en irregular al niño y a su familia en vez de ver la irregularidad en la falta de oportunidades. Un estudio elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF y publicado en el 2006 arrojó como resultado que el 87 por ciento de los niños, niñas y adolescentes recluidos en nuestro país lo estaban por causas asistenciales (sólo el 13 por ciento estaba detenido por hechos delictivos). El trabajo informaba que la institucionalización fue la respuesta generalizada que dio el Estado desde las políticas públicas a los chicos y chicas abandonados, abusados o víctimas de otros delitos. Chicos y chicas con causas asistenciales compartían el mismo establecimiento con menores con causas penales. “La separación de los niños y niñas de sus familias y su consecuente institucionalización, lejos de evitar problemas, constituyeron el camino hacia la carrera delictiva. Los institutos y reformatorios,

además de violar los derechos de los niños y niñas internos han sido verdaderas escuelas de delitos”, señala el informe oficial.

La Convención sobre Derechos del Niño que en nuestro país obtiene validez de ley en 1994, propone una doctrina de protección integral. Declara que no hay diferencia entre los niños y niñas, ni por su posición económica, situación social, sexo, religión, o nacionalidad. El niño o niña no se concibe como un mero receptor o beneficiario de asistencia social, sino como sujeto de derecho frente al Estado, una persona a la que se le reconoce el derecho de ser protegido en su desarrollo y frente a situaciones de irregularidad nunca bien definidas. La situación socioeconómica precaria no es motivo para separar al niño o niña de su familia. El Estado interviene mediante organismos específicos de niñez en casos de necesidad de asistencia. Cuando constata la falta de recursos económicos debe apoyar a la familia con programas de salud, vivienda y educación. El Poder Judicial interviene, evalúa y decide, sólo cuando se trata de problemas de naturaleza jurídica, y en esos casos, el juez a cargo, tiene la obligación de escuchar a los niños o niñas. Ya no se trata de corregir cada irregularidad encontrada en los niños y niñas, sino de generar políticas y prácticas que modifiquen las situaciones que generan la exclusión de la niñez pobre de los ámbitos y espacios que deberían ser comunes a todos los niños, niñas y adolescentes.6 La Convención genera otra ruptura en el concepto tradicional de infancia. La Ley de Patronato había considerado a los niños y niñas como seres menores con respecto a los adultos (los denominaba “menores”), seres incompletos, incapaces, que precisaban de la instrucción de los adultos para llegar al estado de completitud y madurez, fijado en los 18 años. La Convención ya no considera a la niñez como una etapa de preparación para la vida adulta. “La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros adultos. La infancia es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica”. Ser niño o niña no es ser “menos adulto”. La Convención permitió que el niño y la niña hayan dejado de ser considerados como “objeto de tutela” y se constituyan en “sujetos de derecho”. El niño y la niña tienen derechos y se les reconoce la capacidad de ejercerlos por sí mismos, desarrollándola progresivamente. De esta forma “se supera el argumento tradicional de sentido inverso: que los padres tienen poderes sobre la niñez, debido a que los niños y las niñas carecen de autonomía”. Los poderes de los padres y madres “no son poderes ilimitados, sino funciones jurídicamente delimitadas hacia un fin: el ejercicio autónomo progresivo de los derechos del niño, que en casos calificados de incumplimiento, deben ser asumidos por el Estado”. Al Estado le corresponde respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres asumiendo el principio de no injerencia arbitraria en la vida familiar. Ni el interés de los tutores, ni el del Estado pueden ser considerados el único interés para la satisfacción de los derechos del niño, niña y adolescente: la infancia tiene derecho a que su interés se considere prioritario en el diseño de las políticas. En la Argentina, la reforma constitucional de 1994, incorporó a la Constitución Nacional los tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1999 fue promulgada la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En 2005 fue sancionada la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ley que respeta el espíritu de la Convención.

Fuente: ¿Qué es esto de los derechos humanos?