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La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, en una manifestación contra
la trata de blancas.| Efe
- Obispos
católicos denuncian el 'crecimiento alarmante' del tráfico de mujeres
- Es
una 'estructura mafiosa' que se apoya en policías, políticos y jueces
Nazaret Castro | Buenos Aires
El
tráfico de personas para su explotación sexual está creciendo "de forma
alarmante" en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, "países de
origen, captación, destino y tránsito" de las víctimas, que quedan
atrapadas en un complejo entramado de redes criminales que recorre varias
provincias y países, funcionan con "estructura empresarial" y
mantienen sólidos lazos con los poderes públicos.
Estas son algunas de las crudas conclusiones del Encuentro de Diócesis
de Frontera celebrado recientemente en Gualeguaychú, con la participación de 60
obispos católicos y 14 representantes laicos de las diócesis. Y así de cruda es
la realidad en una Argentina donde la trata de blancas afecta a miles de
mujeres de todo el país con la connivencia y participación activa de las
instituciones del Estado.
"La mafia atraviesa transversalmente todos los partidos
políticos, la justicia y la policía en Argentina", señala Gustavo Vera,
presidente de la Fundación La Alameda, una ONG que lucha contra la trata de
personas por fines de explotación laboral o sexual. "El crimen organizado
incide en todo el aparato estatal, hasta el punto de que hay un miembro de la
Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que está envuelto en una red de
proselitismo, así como varios jueces federales. No son casos aislados: es
un problema sistémico", afirma Vera.
La mayoría de las víctimas son paraguayas o de provincias del norte y
noroeste argentino, como Salta, Tucumán, Corrientes o Misiones; también, en
menor medida, vienen de Bolivia, Perú o la República Dominicana. No pocas de
ellas son vendidas a Estados Unidos o Europa Occidental, o bien se las
destina al turismo sexual, que, según los obispos católicos, continúa creciendo
en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y Paraguay). En muchos casos, son
menores de edad, que, dice Vera, "cotizan mucho más" en este mercado
macabro.
Basándose en estimaciones oficiales, la fundación calcula que unas
60.000 mujeres trabajan en más de 8.000 prostíbulos en Argentina. La ley
argentina prohíbe los prostíbulos y la prostitución por cuenta ajena, pero es
legal por cuenta propia. Sin embargo, explica Vera, la meretriz
"independiente" prácticamente ha desaparecido en el país desde que,
en los años 90, se inició un proceso para forzar a las prostitutas a insertarse
en las redes de proselitismo.
Vera sostiene que el aparato estatal coaccionó a las meretrices, y lo
ilustra con el episodio del Loco de la Ruta, en Mar del Plata, a fines de los
90, cuando una veintena de prostitutas fueron asesinadas. Las autoridades
policiales reportaron que un individuo las asaltaba en la carretera, pero
"la investigación demostró que era la propia policía la que estaba
detrás de los crímenes". Se produjo así, cuenta Vera, un "proceso
de concentración del negocio en manos de los proxenetas", negocio que se
hizo aún más lucrativo cuando se incluyó el narcotráfico en el paquete:
"Se obliga a las prostitutas a vender drogas, y muchos prostíbulos se han
convertido en puntos de venta de drogas".
El caso Marita Verón
Si autoridades y jueces no están por la labor de erradicar el
problema, entonces sólo la presión social puede promover un cambio. Por eso en La Alameda intentan que sus denuncias
alcancen repercusión en los medios y lleguen hasta la opinión pública. En los
últimos años, la trata de blancas se colocó en la agenda mediática gracias al caso de Marita Verón. Hace una década, Marita
fue secuestrada por una red mafiosa en la provincia de Tucumán; su madre,
Susana Trimarco, inició entonces una búsqueda incansable, un peregrinaje
que la llevó de prostíbulo en prostíbulo y que evidenció la resistencia de
policías, gobernadores y jueces a que avanzase en su investigación.
El secuestro es un modo habitual de captación de las víctimas, aunque
el más común es el engaño. Una vez captadas, se las lleva lejos de sus casas, quedan
endeudadas y son maltratadas hasta quedar sometidas; a menudo, se les
ofrecen drogas y terminan haciéndose adictas: eso las hace más manipulables.
Cuando son liberadas, su cuadro psíquico es tan complejo que ninguna ONG tiene
una estructura capaz de contenerlas. "El Estado se hace cargo, pero una
vez pasa el eco mediático del caso, las abandona a su suerte. Tenemos
evidencias de que muchas vuelven a ser captadas por las mafias", concluye
Vera.
Además de la trata con fines de explotación sexual, los obispos
católicos y La Alameda denuncian el crecimiento en la región del tráfico de
personas destinado a la esclavitud laboral, la venta de órganos y el robo de
bebés.
Fuente: La Alameda
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