martes, 1 de febrero de 2011

Tapa revista


El día de Reyes en la pista la murga clandestinos mostró sus saltos que esquivan la tristeza.

Editorial

Casi como en un cuento de terror, donde se devela el misterio, ese que no era tan difícil de adivinar. El tema es que, hace dos años, que Luciano no está entre los que lo quieren y sus abrazos y sus palabras, no se sienten, ni se escuchan. Solo el reclamo de los amigos y familiares, que no cesa y que lo buscan, y que en definitiva quieren justicia. Porque ellos escuchan y sienten la voz de Luciano, porque sienten esa necesidad de abrazar, que los invade y que ciertamente, les reclama Luciano desde donde este.

Es sorprendente como un pibe de 16 años desaparecido en democracia por la policía bonaerense de lomas del mirador, rompió todos los moldes y hace oírse y sentirse en su reclamo de verdad y de justicia y además organiza. Es extraordinario el paso transcendente del dolor que nunca cesa, al de la acción y la revolución de esta situación, no solo judicial, si no en cuanto a movida social que cruza el silencio de los poderosos que intentaron silenciar. Esto implica hacer la vista gorda y mirar para otro lado y hacerse el boludo, cuestión que no les funcionó. Ya que Luciano salió desde el barrio 12 de octubre y dio una vuelta al mundo, mientras los idiotas del poder creían que vencían, y en realidad ellos morían.

Policías, jueces, y políticos, deben de hacerse una gran pregunta, ¿para qué están? ¿y que implica ser servidores públicos? Ya que es absolutamente inconcebible la desaparición forzada de personas en un país que sufrió 30.000 compañeros desaparecidos. No se puede tolerar esta herida abierta tan cerca y nos lleva a ser todos hoy Luciano Nahuel Arruga, juicio y castigo a los culpables por justicia, dignidad y verdad.

…………………………………………………………………………………………………………………………………Grupo Editor: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza Asociación Civil El Coihue

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Lo expresado en este número es pura y exclusiva responsabilidad de todos los que escribimos y leemos, con el compromiso de Recuperar nuestra Identidad.

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Impresión: Los tres chiflados.

La CTA realizó un estudio a un año de la implementación de la Asignación Universal por Hijo



Con buenos ojos

Una de las integrantes del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la Central de Trabajadores, Mariana González, comentó a NCO, Desde la Redacción, que el cambio fue positivo “y muy importante” debido a que no se trata de un plan de asistencia temporaria sino que “forma parte de los derechos de los menores de edad”.

“Nosotros hacemos una primera evaluación de la Asignación Universal por Hijo en términos de lo que implica en la comparación con otros países de América Latina y cómo impacta en la política social en el interior del país, algo que fue muy importante. A partir de esto se estudian las consecuencias que puede tener la política en razón de reducción de la pobreza, la indigencia y la desigualdad; la cobertura de los menores de 18 años y una modificación en la lógica de la política social porque ya no se trata de un plan asistencial temporario, sino que es un derechos que tienen todos los niños y adolescentes”, explicó.
En este sentido, explicó que lo evaluado se relaciona con las modificaciones potenciales que pueda acarrear la política una vez que esté completamente implementada y establecida.
“Aquí señalamos que podrían llegar a percibir la Asignación una cantidad aproximada de 4 millones y medio de niños y adolescentes. Sin embargo, la cobra alrededor de 3.700.000 en este momento, por lo que falta llegar a una parte de la totalidad”, comentó y agregó que esto es así porque hay un tiempo lógico de aplicación.

“Los primeros que pasaron a cobrarla son los que eran beneficiarios de algún tipo de plan social, como por ejemplo el Familia o el Jefes y Jefas de Hogar. Estaban identificados por las redes de protección social, por lo
que pasaron de un sistema a otro. Lo mismo sucedía con los hijos de trabajadores que en algún momento estuvieron como empleados asalariados y habrían percibido la Asignación Familiar Contributiva”. Así, quienes todavía esperan por la incorporación son los más difíciles de identificar por encontrarse alejados de las redes y que deberían acercarse a la Anses, siempre y cuando el gobierno no llegue a ellos.

De este modo, comentó que es necesario este acercamiento de parte del Estado ya que muchos niños no cuentan con su DNI o renovación del mismo, cuestión que atrasa los trámites de accesibilidad. “Este es el trabajo más dificultoso y que hay que llevar a cabo”, mencionó González.

De todos modos, señaló que hay un programa que se está aplicando desde la Anses para llegar a las provincias y que se pueda cumplir con las más de cuatro millones de asignaciones.

“Se debe tener en cuenta además que en los primeros meses en que se implementó la AUH, creció rápidamente el números de los adjudicados, aunque desde ese momento el incremento comenzó a ser paulatino y lento, por eso creemos que se tiene que hacer bastante más”, indicó.

Así, en proyección, el impacto sería notable: “Habría una reducción en la pobreza de alrededor del 15 por ciento al tiempo que la indigencia caería a la mitad. En este último factor se incluyen a los hogares que no pueden acceder a lo mínimo que necesitan para alimentarse”.

De este modo, con un cálculo alternativo al del Indec a partir de índices provinciales. Según informó, a mediados del año pasado, la pobreza estaba alrededor de 23, 8 por ciento mientras que la indigencia alcanzaba el 6, 4 por ciento.

En el informe, se destaca que en la actualidad existe en América Latina una tendencia a generar herramientas en materia de protección social que permitan afrontar y reducir los importantes niveles de pobreza existentes en la región. Esto se ve posibilitado por una situación fiscal sostenible en los distintos países, lo que otorga viabilidad en términos presupuestarios a los distintos programas sociales. Los programas de Brasil y Chile, junto con Argentina se destacan por su extensión a amplias capas de la población total del país.

Asimismo, los programas existentes en Chile y, mayormente en Uruguay y Argentina, comparten la intención de ampliar la cobertura del sistema de asignaciones familiares hacia los sectores excluidos del mercado de trabajo formal, lo que acrecienta el grado de equidad de dicho sistemas.

¿Qué es CIFRA?

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina es un centro de estudios y formación en temáticas vinculadas con el desarrollo económico, la evolución del mercado de trabajo y las problemáticas sociales. El objetivo de sus estudios es aportar elementos que contribuyan a realizar una síntesis entre la teoría y la práctica en los Ámbitos sindical y político.

El Centro se encuentra vinculado a organizaciones gremiales adheridas a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), así como a otros centros de estudios. Su Consejo Directivo está conformado por representantes de los sindicatos participantes y por investigadores del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA)

El debate en medio de la ejecución pública

Por Silvana Melo

La reacción socio-político-judicial se mueve por espasmos. Y sucede lo peor: los debates más profundos, más medulares, se dan con las esquirlas de la tragedia taladrando la piel social. Con la sangre aun tibia. Con los micrófonos y las cámaras puestos en la cara de las víctimas para violentar y enardecer. A los espectadores y a las propias víctimas. El debate sucede cuando no debe: una muerte provocada por un pibe es una extra sístole social. Es un sacudón de la tierra que se pisa. Es el cielo que se abre para que asome un Leviatán. Entonces lo que se discuta correrá por esos peligrosos carriles. Salpicado de ira, de sangre, de posturas extremas. De ausencia de un análisis serio y profundo que vuelva sobre por qué un niño termina matando. Qué recorrido histórico atravesó su vida, la de su familia, la de su barrio, la de su tierra, para que él terminara apretando un gatillo con el cerebro desolado, sin pensar, sin ser. Con un fuego en la nuca encendido por el desasosiego, la soledad intensa, el futuro impensable y el filtro para el sentir y el sufrir que se inhala por la nariz o por la garganta, que le cristaliza la cabeza y los pulmones.
Cuando un pibe mata se encienden todos los monstruos sociales y es siempre la misma secuencia circular, espasmódica: disparo, conmoción mediática, Gobernador poniendo sobre la mesa bajar la edad de imputabilidad a los 14. O los 12 o los 3, que para el caso es lo mismo. Una discusión sesgada, corrida del eje medular porque los sentimientos están a flor de la piel social. Cuando un pibe mata se comienza a estudiar cómo encerrarlos a todos y no cómo desollar -para analizar su endodermis- a un estado y a un sistema de gobierno que durante décadas generó, como huevos de serpiente, como piojo de la lana en el almohadón de plumas quiroguiano, una monumental exclusión. Una colosal desigualdad. Un corte de concentración máxima y reparto de migajas hacia el afuera. Una máquina de generar odio social. Y de desvalorizar la vida -la propia y por ende la del resto- porque dejó de existir un rumbo, un por qué y un para qué vivir.
¿Por qué no se instala sobre las mesas el debate de lo que no se hizo, no se hace -y probablemente no se hará- por el pibe antes de que mate? ¿Existe la voluntad profundamente política de evitar que el pibe mate? Si se analiza la endodermis del sistema para transformarlo y generar alternativas y caminos diversos en la historia de ese niño, ¿quedará al desnudo que la exclusión es una estrategia política pensada y desarrollada por regímenes dictatoriales con la complicidad sistémica de gobernantes, gobernadores y gobernatrices? Entonces, si el problema se aborda en el sacudón de la extra sístole, cuando el pibe mata, habrá reacción social, ejecución pública mediática, pleamares de mano dura y todo seguirá igual. Los 500 mil pibes que no estudian y trabajan en la provincia -que para consultoras privadas son 800 mil- seguirán al borde del

abismo o se irán cayendo a las honduras. La droga, corriendo como un riacho en pendiente en las barriadas pobres, herramienta oscura de dominación y selección, les seguirá carcomiendo la voluntad, las inhibiciones, la cabeza y el pecho. Y de todos ellos, alguno matará. Entonces volverá la reacción cíclica y espasmódica. Y habrá más cárceles e imputabilidad a más baja edad. Los 8, los 6, los 4. Un camino sin salida si no se discute en serio. Lejos de la sangre y de la muerte fumándose un puro en el sillón de la victoria.
El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias se ha cansado de denunciar el cableado entre policía, política y delito. (Luciano Arruga es la síntesis del terrorismo de Estado en democracia). Arias no ha sido el único. Lo único que logró fue el escándalo de las comadres. La comunidad férrea no deja pasar la luz de la endoscopía.
Algunos números oficiales y desadjetivados para poder comprender: las estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense registran, en los primeros seis meses de 2010 -última actualización- 1362 homicidios en la Provincia. 1264 cometidos por adultos y 98 por chicos. Apenas un 7,1% de los crímenes. En ocasión de robo los asesinatos en manos de adultos fueron 29. Y criminis causa -para ocultar otro delito- 26. En total, 55.
Pibes menores de 18 años cometieron 9 crímenes en ocasión de robo y 4 criminis causa. En total, 13. Un 19.11 por ciento de los homicidios en el marco delictual.
En 2009 hubo 2775 muertes violentas. 2580 en manos de adultos y 195 crímenes cometidos por chicos. Apenas un 7,02%. De los homicidios en el marco de un delito, un 22.15 corresponde a menores de 18 años. La proyección de 2010 parece, incluso, más baja. Estos últimos son los números a los que hay que apuntar, aunque duelan y desgarren. Son las erupciones de la exclusión, las reacciones ante la desigualdad, el producto de la máquina de fabricar odio social, de la vida en disvalor.
Pre-venir implica llegar antes. Antes de la muerte. Evitar que el arma llegue a esas manos que todavía no han terminado de crecer, desde donde se sabe que llegan. Evitar que se conviertan en mano de obra de trabajo sucio para las fuerzas ocultas. Intervenir en la historia de los niños antes de que se quiebre como un cristal. Y sangre en los pies descalzos del futuro. Antes de la extra sístole. Antes de la punición infantil, la visibilidad. Antes de la ejecución pública, la ternura.

Fuente: Agencia de Noticias Pelota de Trapo

MOVILIZAN POR LA REINCORPORACIÓN DE PAMELA BERGÉS

Precarización y un despido en la municipalidad de Moreno http://www.prensadefrente.org/pdfb2/media/morenoATEyRompiendoCadenas.jpgEl año nuevo de Pamela Berges, integrante del equipo de trabajadoras sociales de la Municipalidad de Moreno, no fue un año nuevo como el que se supone para la mayoría: tranquilo y a la espera de las vacaciones. El 31 de diciembre de 2010, la subsecretaría de Acción Social del municipio la despidió de su trabajo. Pamela cumple funciones en una sala de salud del barrio Las Flores y junto a sus compañeras viene organizándose contra la precarización laboral. Y ahora, también contra la persecución sindical. El despido, encadenado a otras situaciones, desató un conflicto que a la fecha no tiene resolución.
Despidos, fase superior de la precarización
En su mayoría con contratos precarios, o “flexibles”, en las municipalidades de la provincia de Buenos Aires predominan las bajas remuneraciones –en muchos casos, por debajo del no muy alto salario mínimo-, la inestabilidad laboral y la arbitrariedad de los funcionarios. Igual que en otras experiencias en el empleo público o privado, a veces la precariedad laboral hace que el personal se someta a distintas maniobras del empleador, incluyendo la aceptación de cambios sustanciales en las condiciones de trabajo. Otras veces, la organización -previa o emergente de la misma acumulación de bronca- es la que mantiene la resistencia a las medidas injustas, volviéndolas públicas y al mismo tiempo provocando el debate en el lugar de trabajo y en la comunidad.
En el caso de Moreno, los trabajadores sociales que se desempeñan en la subsecretaría tienen a su cargo una sala de salud, pero desde noviembre no han cesado las presiones desde el municipio para que cada uno de los trabajadores se haga responsable de dos salas. La oposición por parte de las trabajadoras fue rotunda y se basó principalmente en el aumento en la explotación del trabajo y “por lo tanto -aseguran- en la degradación de la política social que llevamos adelante con los vecinos de los barrios donde están ubicadas las salas de salud”. Ante la negativa de los trabajadores a aumentar un 100% su tarea recibiendo el mismo salario, sucedió el despido de una de ellas.
Respuesta de las trabajadoras
Contrariamente a lo esperado por la gestión municipal -comandada por el kirchnerista Andrés Arregui- el anuncio por parte de las autoridades de la rescisión del contrato no logró acallar el reclamo, sino que favoreció que se haga público y sea tomado por los propios vecinos de las salas. “La situación de nuestra compañera, por el contrario a lo esperado por el Municipio, ha fortalecido nuestra lucha y la necesidad de reclamar por nuestras condiciones de trabajo”, explican los trabajadores del Programa de Gestión Operativa en Territorio. Desde los primeros días del año vienen desarrollando un intenso plan de lucha con eje las consignas: “No a la flexibilización y precarización laboral. No a los despidos arbitrarios en Acción Social. No a la reducción de personal en Centros de Salud. No a la violencia institucional”. El día 11 de enero más de un centenar de personas se concentraron en las puertas de la Subsecretaría. Allí, los trabajadores del organismo, junto a integrantes de ATE y organizaciones sociales, recibieron la confirmación por parte de Victoria Sverdlick, directora de la subsecretaría, que no habría marcha atrás. La movilización terminó en la Municipalidad, con pintadas reclamando la reincorporación y solicitándole respuestas al Intendente Arregui. El martes 18 de enero se hizo una nueva jornada de protesta, está vez con el protagonismo principal de los vecinos de la sala de salud del barrio La Flores, donde trabaja Pamela. Se cortó la ruta 23 a la altura de La Flores demostrando el apoyo de las organizaciones y vecinos del barrio. Desde el equipo de trabajadores sociales se afirma que “el plan de lucha continua. El lunes 31/1 se organizará una radio abierta en la puerta de la Subsecretaría de Acción Social, para continuar denunciando la precarización laboral que sufren los trabajadores del municipio, el vaciamiento de las políticas sociales de parte de las autoridades municipales y el reclamo por la reincorporación de la Trabajadora Social despedida”. Además, con el apoyo de vecinos y distintas organizaciones sociales se encuentra circulando un “Petitorio contra la precarización laboral y los despidos arbitrarios en la municipalidad de Moreno”, donde entre otros puntos “se exige que se respete el derecho a la estabilidad laboral, otorgado por el artículo 7 de la ley provincial 11.757, efectivizando el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales que desarrollan su actividad con contratos precarizados”.


Fuente: www.prensadefrente.org

ENTREVISTA A VANESA ORIETA, HERMANA DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA


“La causa de Luciano es una lucha simbólica”

Sostiene que la Justicia ampara a la Bonaerense, que nunca se avanzó un paso. Los testigos están amenazados y no son protegidos por el gobierno bonaerense. El relato de Vanesa a dos años de la desaparición de su hermano.

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http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Adriana Meyer

Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse “desencantada y agotada del discurso armado de la universidad”. En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.

–¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros?

–Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.

–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.

–Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.

–¿Qué los une?

–Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.

–¿En la causa no hay ningún resultado?

–No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.

–¿Así quedó su familia?

–No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.

–¿Hubo testigos amenazados?

–Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.

–¿Y los testigos clave?

–Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.

–¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos?

–Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían “vas a terminar en un zanjón” o “negro de mierda, tenés los días contados”. Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron “vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza”, a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.

–¿Cuándo tuvieron la información contraria?

–A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.

–A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo?

–Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.

–¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades?

–Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.

–El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio?

–No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.

–En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto?

–Me aferro menos a las cosas materiales, quiero que la educación llegue adonde no está. Tengo ganas de dar vuelta todo, me siento con mucha fuerza. Estoy acompañada por gente que siente esta misma locura. Antes iba si había una causa justa pero no militaba. Hoy me convoca la causa de mi hermano y la de todos los chicos de los barrios que sufren la violencia de la policía. La causa de Luciano tiene que convertirse en una lucha simbólica.

LA INVESTIGACION POR LA DESAPARICION DEL ADOLESCENTE SIGUE SIN AVANZAR UN PASO

LA INVESTIGACION POR LA DESAPARICION DEL ADOLESCENTE SIGUE SIN AVANZAR UN PASO

Luciano Arruga, dos años sin justicia

Había sido detenido y golpeado en dos ocasiones por la misma comisaría 8ª de La Matanza. La fiscal que lleva el caso nunca avanzó sobre los pedidos de la familia. Las pruebas apuntan contra ocho bonaerenses que fueron restituidos a sus funciones.

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http://www.pagina12.com.ar/commons/imgs/go-gris.gif Por Nahuel Lag

Dos años después de la desaparición de Luciano Arruga, de 16 años, ocurrida el 31 de enero de 2009, no hay imputados, pese a que hace más de un año que la propia fiscal de la investigación sostenía que “la hipótesis más firme es la de la responsabilidad policial”. La causa no sumó ninguna prueba en ese sentido. Sin embargo, “en el expediente figura una cantidad de irregularidades por parte de la policía que se relacionan con la desaparición de Luciano”, aseguró Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga. Entre las pocas medidas que se ordenaron en 2010 hubo una en la que se pidió a Mónica Alegre, mamá de Luciano, “recorrer las morgues judiciales para identificar cuerpos de jóvenes de entre 18 a 20 años”, indicó Combi. “Se investiga el más alto delito contra los derechos humanos, mientras el gobierno bonaerense trata de invisibilizarlo”, denunció Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se incorporó a la causa en noviembre. El organismo y la APDH participaron la semana pasada de la primera serie de peritajes solicitados en conjunto.

La hipótesis que recae sobre los ocho policías que estaban en funciones en la madrugada del 31 de enero en el destacamento policial de Lomas del Mirador –dependiente de la comisaría 8ª y donde los registros indican que Luciano estuvo ilegalmente detenido en 2008– fue reacreditada por la fiscal 1 de La Matanza, Celia Cejas. La familia pidió que se cite a indagatoria, por la prueba surgida de los peritajes y los cruces de testimonios, a los policías responsables por supresión de documento público, incumplimiento del deber de funcionario público y apremios ilegales.

En cambio, en marzo de 2010, Cejas le solicitó al titular del juzgado de Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero federal. Entonces, el juez consideró que no había prueba suficiente. Mantuvo la carátula de averiguación de paradero y se declaró incompetente.

Dos meses después, el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la ONU, entregó su informe a la Argentina y exhortó al Estado a “concluir la investigación” por “desaparición forzada”. “Es una investigación compleja, con fuertes sospechas sobre la Bonaerense y en la que se muestran problemas de compromiso por parte de la Justicia y el gobierno provincial. El cambio de carátula puede ser simbólico pero indica que la causa no está considerada con la importancia que debería tener la desaparición de una persona”, sentenció Litvachky, directora del Programa de Justicia democrática del CELS.

Desde el rechazo del juez, se sucedieron pocas medidas entre las que estuvo el pedido de que la madre de Luciano busque a su hijo en las morgues, algo a lo que la querella familiar se negó. Y la citación de Mónica a declarar varias veces. Medidas más, medidas menos, Pablo Pimentel, titular de la Asociación por los Derechos Humanos de La Matanza, reflexionó: “Los primeros doce meses de la fiscal Cejas hubo movimiento, líneas de investigación, pero a partir de abril de 2010 notamos un cambio de actitud”.

Desde que Luciano fue visto por última vez a una cuadra de donde vivía en el barrio 12 de Octubre, la investigación comenzó torcida. La fiscal Roxana Castelli, la primera del caso, entregó los primeros 45 días de investigación a la Policía Bonaerense, violando la resolución 1390 de la Procuración General provincial, por lo que fue sumariada.

En manos de Cejas, un rastrillaje con perros halló el rastro de Luciano en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento –apostado en una casa, donde cualquier detención es irregular– y en un patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro rastrillaje indicó que allí había estado el cuerpo de Arruga. Esa prueba, que se sumó en abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa. Los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron confiables para la fiscal.

La última medida tomada ese año fue el peritaje sobre los libros policiales. Las grandes irregularidades encontradas en esos documentos son el basamento de las denuncias de supresión de documento público e incumplimiento del deber de funcionario público realizadas por la familia. “En estos dos años, el gobierno bonaerense no mostró voluntad política y los mensajes en relación con el funcionamiento de la Bonaerense fueron siempre los de darle más autonomía y no más control”, resaltó Litvachky. En agosto de 2009, el gobernador Daniel Scioli iba a recibir a la familia Arruga, pero la reunión la mantuvieron con el entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal, y de Seguridad, Carlos Stornelli.

Entonces, uno de los ministros se enfureció por el reclamo de responsabilidad de la familia. Dos meses después, los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador que habían sido puestos a disponibilidad por Stornelli fueron reincorporados a sus actividades y reasignados en otros distritos, donde aún continúan al servicio de la comunidad

DOS AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA. DOS AÑOS SIN JUSTICIA. DOS AÑOS DE IMPUNIDAD.

COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA:


DOS AÑOS SIN LUCIANO ARRUGA. DOS AÑOS SIN JUSTICIA. DOS AÑOS DE IMPUNIDAD.

Este 31 de enero se cumplen dos años de la desaparición de Luciano Arruga, quien fuera visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde fue brutalmente golpeado por agentes policiales.

En estos dos años, la causa judicial que investiga el hecho, no ha dado pasos serios ni seguido pistas que permitan saber que pasó con Luciano.

Por el contrario, la lentitud en su tramitación, ausencia de respuestas a peticiones de los familiares, ocultamiento de pruebas a los abogados de la familia presentada como particular damnificada, no ordenar pruebas valiosas para la causa y el mantenimiento de la calificación de averiguación de paradero, dan cuenta de la escasa rigurosidad investigativa y falta de compromiso de parte de la Fiscalía interviniente.

Esta deficiente actividad judicial, ha contribuido a la impunidad que se consagra en esta causa.

Además de los testimonios que dan cuenta de la presencia de Luciano en el destacamento policial -y que fue golpeado hasta desangrarse-, de las pericias efectuadas judicialmente en los libros policiales del mismo, surgen graves irregularidades en su confección y mantenimiento. También en sus declaraciones en la causa judicial, los policías admiten que tenían como práctica alojar menores en el destacamento, pese a no poder hacerlo. Incluso uno de ellos relató que Luciano había padecido abuso sexual de parte de otro agente.

A pesar de esto, la justicia no investigó la hipótesis de la desaparición forzada ni la del abuso sexual.

Paralelamente, el sumario administrativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad y Justicia, tampoco investigó seriamente la responsabilidad policial de los agentes involucrados. Como consecuencia de esto, los ocho policías sospechados y puestos en disponibilidad al producirse el hecho, se encuentran nuevamente trabajando. No solo no se investigó la desaparición de Luciano, sino tampoco la adulteración de los libros policiales o el alojamiento de menores en el destacamento.

La desaparición de Luciano Arruga, fue denunciada por la Comisión por la Memoria ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Al evaluar al estado argentino en junio de 2010, este Comité internacional receptó el caso en su Informe CRC/C ARG/CO/3-4: “El Comité insta al Estado parte a concluir una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada del niño LA, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”

Esta demanda internacional al Estado Nacional y Provincial, no modificó las condiciones señaladas. No se destinaron recursos materiales o humanos especializados o adicionales para lograr la investigación exhaustiva e imparcial que se le reclama. La responsabilidad por la investigacion por la desaparción forzada incumbe tanto al Estado local como al Nacional, y este ultimo ante la comunidad internacional.

La Comisión Provincial por la Memoria viene alertando sobre la gravedad que constituye la falta de esclarecimiento de este hecho. En reiteradas ocasiones hemos señalado la responsabilidad del estado provincial, que debe poner todos sus recursos para promover el esclarecimiento. La falta de medidas tanto desde el poder judicial como del ejecutivo, la negativa a la investigación como desparición forazada de Luciano Arruga, la reposición de los sospechados a sus cargos de policias, en suma la impunidad son una puerta abierta a la repeticion de hechos de violencias sobre los más débiles de nuestra sociedad.

Frente a esto, es indispensable que el Estado provincial asuma un compromiso sincero y decidido en el esclarecimiento de este caso, que deje de negar la desaparición de persona, castigue judicial y administrativamente a los responsables, y rompa las redes de impunidad y complicidades. También debe continuar buscando a Luciano y reparar el dolor de su familia.

La impunidad es una afrenta al Estado de Derecho que denigra la Democracia.

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – HUGO CAÑON – LAURA CONTE – ALDO ETCHEGOYEN – ALEJANDRO MOSQUERA – VICTOR MENDIBIL – ELISA CARCA – MAURICIO TENEMBAUM - ROBERTO TITO COSA – DANIEL GOLDMAN – MEMPO GIARDINELLI – ELIZABETH RIVAS – MARTHA PELLONI – VICTOR DE GENNARO – EMILCE MOLLER – FORTUNATO MALLIMACI – SUSANA MENDEZ - LUIS LIMA – VERONICA PICCONE - CARLOS SANCHEZ VIAMONTe


La balada por esos nuevos enemigos bajitos


Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Por

Sebastian Hacher

delitosypesquisas@miradasalsur.com

Para construir un nuevo culpable al que achacarle todos los males sociales, los medios simplifican al máximo las tramas detrás de cada crimen resonante.

Como hace un mes fueron los inmigrantes y mucho antes los cuidacoches, el enemigo público número uno del momento son los llamados menores de edad: los niños. Conviene llamarlos así, como corresponde a toda persona que no cumplió los dieciocho años, para recordar de qué se está hablando. Esta vez, el linchamiento mediático de niños se desató luego del crimen sin dudas aberrante de Fabián Esquibel, asesinado delante de su hijo de once años. Esquibel se resistió a que lo asaltaran en su casa en Tolosa, y durante el forcejeo, uno de los ladrones le disparó con una 9 milímetros en la cabeza. El único detenido fue un adolescente de quince años, habitante de una villa de la zona e hijo de un hombre condenado por otro crimen. La policía encontró en su poder parte del botín y la 9 mm con la que en teoría ejecutó a la víctima. Quizá no sea casualidad que se trate del mismo tipo de arma de guerra que se utilizó en otros casos que desataron la furia mediática contra los niños en conflicto con la ley penal.

En abril de 2009, el asesinato del camionero Daniel Capristo desató una campaña en los medios para pedir la baja de la edad de imputabilidad. El acusado por el crimen, un adolescente de catorce años, le disparó a Capristo casi una decena de balas con una pistola 9 milímetros porque la víctima se resistió a entregarle su auto. Miradas al Sur contó cómo el niño que cometió el crimen era en realidad un peón dentro del esquema de robos de autos en la zona, una red digitada por adultos en la que participaban policías en actividad.

Algo similar pasó con el ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado durante un asalto en su casa en octubre de 2008. En ese caso los adolescentes que fueron detenidos develaron que eran la mano de obra de una mafia policial que reclutaba adolescentes en La Matanza para ir a robar casas en San Isidro. “La policía nos tiene con un arma en la cabeza”, dijo sin saber que lo estaban grabando Kitu, uno de los principales acusados del crimen. Varios testigos también describieron cómo la policía garantizaba el transporte y la logística necesaria para los asaltos.

Pero si algún caso dejó claro el rol de los mayores en los crímenes cometidos por niños, ese fue el caso de Santiago Urbani, asesinado de un tiro en la sien el 10 de octubre de 2009. Por su homicidio fueron encontrados culpables dos adolescentes, pero el tribunal decidió aplazar las condenas hasta que cumplieran 18 años. El fallo generó polémica e incluso se amenazó con pedir un juicio político contra los magistrados, que no hicieron más que respetar garantías constitucionales.
La clave del caso quedó relegada frente a esa furia mediática contra los jueces. Varios de los testimonios que se escucharon durante el debate oral hablaron del cuarto hombre que había participado del asalto, un soplón policial de 43 años llamado Oscar Alberto Pérez Graham. Especializado en el robo de autos, Pérez Graham solía jactarse de conseguir zonas liberadas en la zona norte del conurbano, gracias a su amistad con varios comisarios. En los últimos tiempos había sumado a esas especialidades la de reclutador de adolescentes. “Un señor pelado les dijo a los pibes si querían ir a robar; ellos no querían ir, pero él se los llevó a tomar droga y no volvieron más”, señaló un testigo durante el juicio, en el que también se supo que en la noche en la que Urbani fue asesinado, el propio Pérez Graham llevó a los adolescentes hasta Tigre. Pero mientras los jóvenes cayeron presos, él siguió con su vida normal. El 20 de octubre de 2009 fue detenido por efectivos de la comisaría de Garín y enseguida fue liberado, aunque sus captores sabían que era buscado por el caso Urbani. Desde entonces vivió en la zona de Escobar sin tomar mayores recaudos. Recién fue detenido cuando luego del juicio su nombre quedó en el centro de la escena.

Para convertir a los niños en depositarios de todo mal social, hace falta limar esas tramas complejas hasta convertirlas en titulares simplistas e incluso falsear la información. La Nación publicó el miércoles pasado un artículo titulado “Menores cometen el 15% de los crímenes”. Para el diario, ese dato justificaría la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Pero la información no es cierta. Más allá del título engañoso – la estadística se refiere a los asesinatos en particular y no a los crímenes en general –, el porcentaje tampoco es real. Los números que citó La Nación son los que publica la Procuración de la Suprema Corte Bonaerense para el primer semestre de 2010. Allí se informa que se abrieron 87 causas contra menores de 18 años sospechados de asesinato y que lo mismo se hizo con 564 adultos. En otras palabras, sobre 651 investigados por asesinato, 87 son adolescentes. La cuenta es sencilla: el 13% de los acusados son menores de 18 años. Un 2% menos de lo que dice La Nación.
El porcentaje que maneja la provincia es igual al que publicó la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia para todo el país para 2009. Ninguno de los dos informes señala cuántos de esos menores tenían menos de 16 años al momento de ser acusados. Al menos en el caso de la Dirección de Política Criminal, esto tiene una razón sencilla. Si un menor de 16 años comete un crimen, al no ser punible no se lo considera en la estadística. Esa podría ser la segunda mentira de La Nación: usar los datos de mayores de 16 años para decir que hay que condenar a los menores de 16. La verdad es que el único organismo que incluye a los niños de 14 y 15 años en los números sobre asesinatos es Naciones Unidas. Según sus datos sobre la Argentina, sobre 1.900 homicidios anuales sólo el 10% serían cometidos por adolescentes, y de esos apenas el 1% tendría como autores a jóvenes de 14 y 15 años.

Pero ese no es el problema central de lo que plantea el artículo. Lo más grave es que asegura que ese 13% de menores son responsables de asesinato, cuando la estadística que cita se refiere a investigaciones penales abiertas y no a sentencias. En nuestro país, el régimen penal se basa en que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Considerar a un sospechoso culpable antes de ser juzgado responde a una lógica bien clara. Ni siquiera es algo moderno. Cuando se hizo la Ley de Patronato, se la pensó como una norma contra los niños que trabajaban de canillitas y se hacían anarquistas. En las calles de Buenos Aires había unos 15.000 de ellos. Durante 10 años, Luis Agote batalló para votar la ley para encerrarlos. Esos niños, decía, “constituyen un contingente admirable para cualquier desorden social siguiendo por una gradación sucesiva de esta pendiente siempre progresiva del vicio, hasta el crimen, van a formar parte de esas bandas anarquistas”. La mayoría tenía entre 9 y 12 años. La propuesta de Agote era recluir a 10 mil de esos niños en la isla Martín García. Algo que a muchos les gustaría volver a proponer.

El estado actual de la hipocresía

Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:19.

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Por

Laura Musa, asesora General Tutelar porteña

contacto@miradasalsur.com

El ya reiterativo debate iniciado hace 13 años con el primer proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil presupone una confrontación entre promover o no el cumplimiento estricto del derecho constitucional de acceso a la justicia y al debido proceso para los adolescentes que, entre los 14 y 16 años, sean imputados de un delito. Rechazan esta propuesta aquellos que prefieren mentirse sobre una realidad, que aquí y ahora, se está desarrollando frente a nuestros ojos. En la Argentina democrática hay unos 600 adolescentes menores de 16 años privados de libertad por “delitos” que nunca serán probados ni tendrán un debido proceso para defenderse, presentar pruebas, recusar testigos y apelar decisiones. Porque para una brutal hipocresía del lenguaje, conveniente para quienes quieren que todo siga igual, estos chicos son “no punibles”.
Se aprobó en el Senado un excelente proyecto de ley que debiera aprobarse en Diputados. Que sí sacaría a los adolescentes del oscurantismo de la protección y de la compasión sin reglas. ¿Por qué quienes se esconden en argumentos simplistas y falsos que les adjudican sólo a los adolescentes pobres la comisión de delitos, prefieren, para sí mismos, reglas constitucionales de procedimiento legal y para los chicos, “piedad” en institutos de menores, para cumplir condenas sin juicio previo? ¿Será que necesitan este estado de cosas para ejecutar programas de “reeducación” y llevar a delante un festival de “buenas” acciones que reproponen el denostado Patronato, mientras que para los adolescentes de clase media, la ley y los abogados obtienen la libertad inmediata planteando la ilegalidad de las medidas de privación de libertad?

La responsabilidad de chicos y adultos

Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:24.

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Por

Gabriel Lerner, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia

contacto@miradasalsur.com

La Presidenta acaba de poner racionalidad en el exacerbado debate sobre la “imputabilidad” al señalar que “esto de la edad no es una política de seguridad”. Tomando distancia de discursos catastrofistas, Cristina Fernández ubicó las cosas en su verdadera dimensión. Y es que – si bien el debate sobre la edad de imputabilidad penal no puede regirse sólo por criterios cuantitativos – no debe perderse de vista que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes menores de 18 años no es de gran peso en nuestro país. En ese contexto, la de los menores de 16 años es escasamente relevante.

En la provincia de Buenos Aires – centro de la discusión –, durante 2009 se abrieron 637.189 causas penales en fiscalías de mayores, mientras que las iniciadas para investigar delitos cometidos por adolescentes fueron 28.939. Es decir: de todos los procesos abiertos, un 4,5% correspondió a menores de 18 años. De ese último universo, la participación de chicos menores de 16 no supera, a su vez, el 15%. Con relación a la cantidad de adolescentes privados de libertad en todo el país por imputaciones o condenas penales, la cifra ronda regularmente los 1.500 jóvenes de los que entre el 10 y el 15% tienen menos de 16 años. Los números no son soluciones, pero nos ubican en las dimensiones de los problemas.
Descartada terminantemente la idea de que la pena a un adolescente pudiera ser aplicada al solo fin de compensar el perjuicio sufrido por la víctima, cabe preguntarse si ampliar y endurecer el sistema penal juvenil puede resultar eficaz con fines de prevención general. Existe un muy amplio consenso social en sentido contrario. Afortunadamente es casi unánime la idea de que – en especial respecto de los más chicos – no hay mejor prevención que la inclusión social, educativa, laboral y familiar.

La definición de la edad de reproche penal debe determinarse, desde mi punto de vista, buscando que la intervención estatal que resulta del delito se oriente – con la mayor eficacia posible – a evitar que a futuro el o la joven incurran en nuevas transgresiones. No hay debates al respecto sobre la franja de 16 a 18 años: procesos con garantías, derecho de defensa y, de corresponder, penas sustancialmente diferentes a las de los adultos. ¿Ese objetivo de responsabilización mediante el proceso penal es también adecuado también para muchachos y chicas de 14 o 15 años? Ese es el debate y no otro.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU – encargado de efectuar un seguimiento de la aplicación de la Cidn – recomendó a todos los países que considera encomiable que tengan como edad mínima los 14 o 16 años. Y recomienda no reducir esas edades mínimas donde ya estén establecidas.

Las recomendaciones del Comité sintetizan un conjunto de experiencias internacionales, cuyo fundamento es técnico pero también conceptual. Los adolescentes son progresivamente responsables por sus actos en la medida en que crecen y se desarrollan. Pero es el mundo adulto, nosotros, los que debemos hacernos cargo de las desigualdades, desamparos o violencias que aún atraviesan las vidas de muchos chicos y chicas. Pensemos seriamente en aquello de que nadie nace delincuente.

Sobre lo que puede pasar a los 16 años

Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:23.

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Por

Claudia Cesaroni, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humano

contacto@miradasalsur.com

Otra vez se discute qué hacer con algunos pocos adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves. Somos muchos quienes pensamos que es una mala idea introducir más personas, cada vez más pequeñas, en un sistema – el penal – que, como dice el criminólogo noruego Nils Christie, se especializa en repartir dolor. Hemos dicho que si hay niños que están donde no deberían – en la calle, con un arma, aspirando bolsitas, solos, fuera de la escuela, del club o de la canchita – es porque muchos adultos, y principalmente el Estado, no están donde tienen que estar. Y hemos concluido que, donde no aparece a tiempo el Estado social, irrumpe – tarde y mal – el Estado penal, con sus policías y cárceles.

Mientras discutimos, no podemos olvidarnos de jóvenes a los que, a los 16 años, les han pasado cosas muy graves, que el Estado debe reparar. Lucas Matías Mendoza tenía 16 cuando, hace catorce años, fue detenido por varios hechos graves. Luego, en abril de 1999, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral de Menores Número 1 de la ciudad de Buenos Aires, junto con Claudio David Núñez, que tenía 17 al ser detenido, también en enero de 1997.

En otra causa, César Alberto Mendoza (sin relación de parentesco con Lucas), también fue condenado a prisión perpetua por delitos cometidos antes de los 18 años. Todos ellos eran niños, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto no se les podía aplicar la misma pena que a un adulto.

En la provincia de Mendoza, otros tres jóvenes fueron condenados del mismo modo por la Cámara Penal de Menores. Uno de ellos, Ricardo David Videla Fernández, apareció colgado en una celda de castigo el 21 de junio de 2005. Tenía 20 años.

En junio de 2002 se denunciaron los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Hace dos meses, la Cidh afirmó que habían sido mal condenados y recomendó al Estado revisar las sentencias, investigar las torturas denunciadas por varios de los jóvenes y la muerte de Videla Fernández e indemnizar a las víctimas, es decir, a los jóvenes y a sus familias.

Luciano Arruga también tenía también 16 años cuando desapareció hace dos años, el 31 de enero de 2009. Según denunciaron varios testigos en ese entonces, antes estuvo detenido en un destacamento policial de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Pese a que ni un solo día dejaron de reclamar por él, la familia y los amigos de Luciano no han logrado que su ausencia sea investigada como una desaparición forzada.

Cinco jóvenes cumpliendo penas a prisión perpetua, pese a que se les repite hace años que esas condenas son ilegítimas.

Un adolescente desaparecido, luego de ser hostigado y detenido por la policía bonaerense. En lugar de diseñar nuevos castigos para chicos cada vez más chicos, es imprescindible resolver estas deudas pendientes: la libertad para los cinco condenados a prisión perpetua, la aparición con vida de Luciano Arruga.

Violencia estructural y linchamiento social

Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:21.

Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011

Por

Luis Federico Arias, juez de La Plata

contacto@miradasalsur.com

Un menor, un arma, un muerto y otra vez las proclamas sobre la conveniencia de bajar la edad de imputabilidad. Un debate inconducente, una dialéctica recurrente, un reduccionismo inaceptable, un producto de consumo mediático-político que procura satisfacer las “legítimas” expectativas del “pueblo”. Es decir, a la clase media propietaria que se siente amenazada con estos pibes que “salen a robar y a matar”. Desde la entraña de aquellos sectores medios, que otrora portaban cacerolas preocupados tan sólo por la defensa de su patrimonio mientras once millones de argentinos se hundían en la pobreza, surge ahora este neofascismo que reclama y proclama el linchamiento social de quienes –se supone– son los responsables de esta parcialidad delictiva. No importa la inseguridad habitacional, alimentaria, sanitaria, educativa o laboral. Eso es cosa de pobres, estos enemigos reales o potenciales que amenazan “nuestra” seguridad personal. Estos sectores marginados no se identifican con su reclamo: quien no tiene nada que perder, nada tiene que temer. Tampoco importa la delincuencia de guante blanco, la criminalidad política o el narcotráfico, mientras no trasponga la reja de “nuestro” jardín.
Son estos sentimientos individualistas los que terminan legitimando la implementación de políticas de corte represivo y de abandono social, que derivan en violencia sistémica o estructural hacia los sectores más vulnerables. Es de esperar entonces que aquellas políticas desarrolladas en las últimas décadas derive en episodios de violencia interpersonal, porque –como es sabido– la violencia engendra violencia. En esta ocasión, el debate público ha centrado su análisis en la órbita del derecho penal, desde donde se intenta brindar una solución punitiva al creciente reclamo de seguridad. Si embargo, esta situación constituye tan sólo un epifenómeno de una realidad social mucho más compleja que nos negamos sistemáticamente a reconocer.

Es preciso advertir que los países cuyos indicadores sociales revelan profundas desigualdades, poseen elevadas tasas de criminalidad. En el caso de América Latina, las estadísticas oficiales y las investigaciones de expertos corroboran una tendencia ascendente a partir de la década del ‘80 que coincide cronológicamente con el deterioro social derivado de la aplicación de las políticas económicas del Consenso de Washington, con un evidente abandono del Estado de Bienestar.
A fin de apartarnos de esa parcialidad reductiva, la primera labor que se impone, es “descriminalizar” la situación, tarea que se presenta un tanto difícil si tenemos en cuenta el constante fogoneo de los comunicadores sociales, del poder político y de algunos penalistas, que han monopolizado el debate. Habrá que esperar entonces la modificación de la ley que disminuya la edad de imputabilidad de los jóvenes, aunque más no sea para demostrar que fue éste debate estéril e inoficioso, y enarbolar otro discurso, donde podamos hacernos cargo definitivamente, como sociedad y como Estado, de las consecuencias derivadas de la violencia estructural que hemos impartido a estos jóvenes nacidos en los ’90.