La (in)seguridad y las fuerzas de seguridad
El caso de Candela Rodriguez, instalado masivamente a través de la acción de los grandes medios de prensa, ha vuelto a poner en discusión, en sus inicios, el tema de la (in)seguridad. Digo en “sus inicios”, porque parecería ser, con el correr de los días, que las causas del secuestro y homicidio de Candela nada tendrían que ver con la (in)seguridad de la cual podríamos ser víctimas cualquieras de nosotros, sino más bien con “supuestas” vinculaciones con el crimen organizado de parte de uno o varios familiares de la niña.
No es mi idea hacer un análisis del caso ni sumar o restar hipótesis al mismo, sino, más bien, centrarme en las cuestiones de la (in)seguridad que cada tanto vuelven a escena, sobre todo ante casos impactantes donde las víctimas son masivamente difundidas por los medios.
Diversas respuestas o propuestas se exponen a fin de terminar con el flagelo de la (in)seguridad desde un número diverso de actores que van desde la política, las fuerzas de seguridad (obviamente), víctimas devenidos en expertos con títulos universitarios falsos hasta artistas (sic) o divas televisivas que salen a pedir pena de muerte entre programa y programa.
Mirando la problemática desde el ángulo del derecho penal y las fuerzas de seguridad uno podría empezar por descartar algunas propuestas haciendo una selección desde distintos puntos de vista.
Desde la ideología se podría se señalar que la llamada “mano dura” recae sobre los más pobres, marginados y excluidos; a la vez que resulta ser un mecanismo de control social implementado como respuesta a la crisis que provoca la política neoliberal, etc, etc.
Pero además, como dato objetivo, se podría agregar que, allí donde se ha implementado, poco o nulo resultado positivo se ha alcanzado con ella, sino más bien todo lo contrario.
En E.E.U.U. la mayoría de los estados que profesan y practican las políticas de “mano dura” son aquellos que más alta tasa de delito tienen, incluso, para reafirmar la hipótesis, aquellos estados que implementan la pena de muerte son algunos de los que presentan las tasas más altas de homicidio.
En Centroamérica países como Guatemala, Honduras y El Salvador han implementado políticas de “super mano dura” sin por ello haber logrado bajar la tasa de delito, que por cierto son de las más altas de la región.
En nuestro país durante los primeros años de la década se llevaron adelante reformas en el mismo sentido a partir de casos mediáticamente resonantes de secuestros extorsivos seguidos de muerte.
Así apareció el falso ingeniero Blumberg encabezando reformas penales que tenían el único, y confeso, objetivo de aumentar las penas para lograr la desaparición física de aquel que hubiere cometido algún delito.
El fracaso de esa política esta demostrado por sus mismos exponentes que, luego de haber logrado durante el 2004 aumentar las penas con la promesa de la solución automática, hoy vuelven a aparecer proponiendo la misma falsa solución.
Hace años que el Estado viene aumentado las penas para una amplia gama de delitos y no obstante la tasa de dichos delitos no baja, ergo la solución propuesta no es tal.
En el lado ideológico opuesto, por otra parte, no encontramos propuestas en relación a la (in)seguridad mucho más alentadoras o susceptibles de visualizar como reales y practicables.
Más allá de una “confusión” inicial del Partido Obrero, que allá por el 2004 marchó junto a Blumberg , las propuestas de la autodenominada “izquierda revolucionaria” giran alrededor de frases o consignas similares: “sindicalización de la policía”; ”elección directa de los comisarios”; “disolución de las fuerzas de seguridad”; “seguridad en manos de las asambleas populares”.
Vale decir que ninguna de estas “propuestas” pasan de la formulación de la consigna en si misma, o al menos quien esto escribe no ha podido encontrar tales fundamentaciones. Y más de alguna simpatía por la definición teórica, no parece muy factible implementarlas en forma practica el día de hoy.
Las sindicalización de la policía no se ha mostrado como solución en si misma, basta ver el ejemplo de E.E.U.U. donde los sindicatos actúan para proteger la corporación y la violencia policial y no a la ciudanía. O el ejemplo de Brasil, cuya policía sindicalizada se encuentra entre las más violentas de la región, a la par de presentar las tasas más altas de homicidio por habitante y la cifra más alta de homicidios de la región desde el 2000 en adelante .
Por otra parte a ello habrá de agregarse que en nuestro país quienes impulsan la sindicalización desde adentro de las mismas fuerzas de seguridad resultan ser aquellos vinculados a bajas y exoneraciones producto de sus vinculaciones con la corrupción, el narcotráfico y el gatillo fácil, que pretenden utilizar la organización para mantener privilegios e impunidad.
La propuesta no resulta seductora
La “elección directa de los comisarios” no parece ser una solución si tenemos en cuenta que la votación directa es una forma de elegir y no una propuesta política en si misma. Además habrá de tenerse en cuenta que, “por lo general”, resultan electos aquellos que alcanzan mayor número de votos y no lo contrario.
Como nos dejaría la elección directa de los comisarios ante el 50,5% de votos del Oficialismo, o el 12% de votos del duhaldismo? Pero además quienes serían los candidatos de la “izquierda revolucionaria” y las fuerzas progresistas: ¿Altamira?, ¿Cristian Castillo?, ¿De Genaro?, ¿Pino?¿Podría seriamente alguno de nosotros, hoy, asumir el mando de las fuerzas de seguridad en forma directa?
Y les pido por favor que respondamos honestamente y no como algunos compañeros del FAR me han dicho: “que si el Che asumió como ministro de economía de Cuba sin saber nada del tema, cualquiera de nosotros podría asumir el mando de las fuerzas de seguridad”, ello porque nuestra situación política de hoy no se asemeja en nada a la Cuba revolucionaria de 1959, pero además porque, esencialmente, ninguno de nosotros se asemeja a “Che”.
La “disolución de las fuerzas de seguridad” no parece posible hoy en día, ni nunca lo ha sido en la historia de la humanidad.En todo proceso revolucionario las fuerzas de seguridad del sistema no han sido disueltas sino derrotadas militarmente y reemplazadas por nuevas fuerzas de seguridad. Y parecería ser, sin ánimo de resultar pesimista, que estamos lejos de esas posibilidades.
La otra opción política “no violenta” podría ser, como alguna vez dijo un candidato a presidente de una fuerza trostkista en discursos de campaña, ir hasta la comisaría y decirle a los policías que entreguen sus armas y se vayan a sus casas, para ser reemplazados por el pueblo organizado.
Sinceramente no me imagino esa escena, no ya el pueblo organizado, sino, donde la policía deje amablemente sus armas sobre el escritorio, la gorra en el perchero y se vaya a su casa en búsqueda de una nueva vida.
Por último la variable de que la seguridad quede en manos de las “asambleas populares” requiere, al menos, que tales asambleas tengan poder suficiente para disolver las fuerzas de seguridad, y capacidad para llevar adelante la lucha contra el delito organizado, esto es: narcotráfico, trata de personas, robo automotor, secuestros extorsivos, etc.
Y volviendo requerir la sinceridad de todos nosotros: ¿Quién se ve seriamente llevando adelante esa tarea el día de hoy?
Entonces ¿Qué hacer?
En principio debemos luchar por la implementación de una política criminal democrática cuyo punto de partida y de llegada debe ser: la dignidad humana, en todo el sentido y extensión de la palabra para todos los actores involucrados en el conflicto, que se extiende incluso, a personas involucradas en su micro-entorno familiar, económico y social.
En función de ello debemos bregar porque la política criminal no sea exclusiva del Estado, ni siquiera de los funcionarios políticos, y mucho menos de sus fuerzas de seguridad, o de un sector de la sociedad, generalmente el económicamente dominante.
Es tarea de las fuerzas democráticas abrir canales a fin de que el ciudadano común pueda participar en la elaboración de la política criminal estando atento a la regulación que del conflicto social hace el sistema punitivo, y a la vez generar mecanismos de control popular y depuración de las fuerzas de seguridad.
No debe caber duda que esta política criminal no puede estar aislada de otras políticas de índole social, económica, cultural y educativa del Estado frente al conflicto social. Debemos asumir que la solución al problema del delito se encuentra estrechamente vinculada a la democratización de la sociedad y a la distribución equitativa de las riquezas, la privación relativa de la que nos hablan Lea y Young.
Por ello resulta evidente que no habrá disminución real de la tasa de delitos sino se atacan las causas de fondo que lo generan. Por ello “…Los investigadores de WOLA insisten en que, en lugar de emplear técnicas represivas, los gobiernos lograrían mucho más si atacaran el problema desde sus raíces sociales, que incluyen desintegración familiar, fracaso escolar y falta de programas para atraer a la niñez y la juventud a actividades sanas, como el deporte o el voluntariado…” .
Para la izquierda latinoamericana el delito ó la propuesta frente al delito se ha transformado en un nuevo desafió, sin dudas no se puede seguir negando su existencia o subestimando el problema, pero tampoco se puede responder desde las posturas tradicionales que hacen del que delinque un supuesto “rebelde” que lucha contra el sistema basados en la errada creencia de que los delitos contra la propiedad están orientados contra la burguesía o con fraseología seudo-revolucionaria vacía de posibilidades de implementación real.
Basta recorrer las barriadas pobres del conurbano bonaerense para darse cuenta que “el delito de la clase trabajadora es realmente un problema para la clase trabajadora” .
Existe la necesidad de formular propuestas eficaces para disminuir el impacto social de la delincuencia formuladas desde una posición de clase, “…ver al delito como uno de los problemas a tratar en primer término…” y tener “…un política sobre el delito, una política que reconozca tanto que las raíces del delito se encuentran en las contradicciones del sistema capitalista como que es necesario enfrentarlo sin recurrir al estado autoritario de los conservadores”, a la par que se requiere una política real para controlar, limitar y modificar el accionar y la composición de las fuerzas de seguridad y del sistema represivo en su totalidad.
Ese es el desafió, en teoría no parece tan difícil, en la práctica seguramente nos obligara a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas de “izquierda”.
Queda claro que la cuestión no nos permite seguir esperando, en algún momento debemos asumir la responsabilidad ó correr el riesgo de que sean los propios sectores populares los que reclamen la “mano dura” que hoy enarbola la derecha, mientras celebran la llegada de las fuerzas de seguridad a las barriadas populares.
Claudio Pandolfi abogado y Secretario de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Fuente `Prensa de Frente
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