DENUNCIA DE APDH LA MATANZA

En primer lugar, es mi intención dejar sentado los motivos por los cuales mencione la problemática denunciada en un programa televisivo. Como presidente de la ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE LA MATANZA (APDH-La Matanza) me encontré en la obligación ética, moral y jurídica de denunciar la cuestión que sufre nuestra ciudadanía, amparándome en lo contemplado por el artículo 84 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Mis dichos en el programa televisivo son la continuación de las graves denuncias efectuadas por el Juez Arias en lo referente al reclutamiento de menores por parte del personal policial para la comisión de delitos. Las denuncias del Juez fueron públicas (véase entre otras, nota www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1189555).

En lo que hace a mi función como presidente de la ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE LA MATANZA (APDH-La Matanza), relataré una cronología de los hechos en los cuales estuvimos trabajando con el fin de auxiliar a las familias damnificadas.

Allá por el año 1999-2000, nos conmueve el primer caso de un muchacho al que el jefe de calle de la Comisaría 18º de Altos de Laferrere al aprenderlo por una averiguación de antecedentes, y notando que el mismo poseía, le enunció a los efectos de que recupere la libertad: “la nuestra tiene que estar”, ello producto de ver que el muchacho poseía armas en la guantera del auto. Ante la negativa del muchacho de entregar los $ 3.000 que se le solicitaban, los mismos procedieron con la detención del mismo.

En el año 2004 en el marco de las reuniones del Comité de Contralor de la Gestión del Personal de la Policía, de las Agencias de Seguridad Privada y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (Decreto 540/04), se discutió la problemática de los niños y adolescentes que eran utilizados por las fuerzas de seguridad fue tomada de manera concreta, lo que se puede corroborar en las órdenes del día de cada reunión celebrada.

Otro caso importante en donde claramente se manifiesta la problemática aquí denunciada, fue el que derivó de la denuncia efectuada por el señor Pedro Reyes, quién previo a acudir a la justicia lo denunció ante asuntos internos de la Policía bonaerense. De la causa en cuestión obran las respectivas constancias que se pueden encontrar acudiendo al sistema informático de la Fiscalía General de La Matanza, sin perjuicio de que la APDH-La Matanza colaboró con este ciudadano y puede brindar la información que se le requiera.

La problemática esbozada ut supra no se reduce a los casos de La Matanza. En Agosto de 2008, los municipios debaten tener su policía propia y en una nota publicada por el diario Crítica, que se adjunta a la presente, también se plantea la cuestión.

Pero volviendo a nuestro Municipio, con fecha enero del corriente nos visita un importante grupo de vecinos del Barrio San Petesburgo quienes nos relatan situaciones angustiosas vividas por sus familiares, refiriendo a metodologías practicadas por la policía del lugar para reclutar jóvenes e inducirlos a la práctica delictiva. En esa circunstancia la APDH-La matanza resuelve comenzar un trabajo territorial en la Zona. Los vecinos del barrio nos consultan para saber si podían pintar un cartel para convocar a la reunión, solicitando una hoja con el membrete de muestro organismo. Los jóvenes del barrio comienzan con la obra y en ese momento son interceptados por personal policial que les pregunta textualmente: “Qué estaban haciendo”. Al contestar los mismos que estaban pintando un cartel, el personal policial le vuelve a realizar una pregunta, esta vez expresando: “qué iban a escribir”, y ante la respuesta de los chicos, quienes refirieron que escribirían una consigna convocando a una reunión de derechos humanos, uno de los uniformados saca un arma y, expresando: “acá mandamos nosotros, los derechos humanos nada tienen que hacer”, dispara cuatro tiros sobre el cartel logrando asustar a los jóvenes quienes corrieron hacia sus casas. Con motivos de los hechos narrados, nuestra organización realizó la respectiva denuncia ante la UFI número 5 de La Matanza, con fecha 14 de enero de 2009, siendo la misma posteriormente archivada sin más trámite.

Al día siguiente, con fecha 15 de enero de 2009, nos reunimos en la sede de nuestra organización a los efectos de dialogar sobre el incidente de la balacera, conjuntamente con las autoridades de la departamental de La Matanza. A dicha reunión concurrieron el Superintendente Fernández; como Jefe de la Departamental, el señor Benítez; como segundo jefe, el señor Blanco; y el subcomisario de San Alberto. Los dichos que surgieron de la reunión fueron los siguientes, los que reproduciré de manera textual:

El señor Fernández enunció: “Ese disparo es obra de un boludito que ve peligrar la caja”. Asimismo, afirmaron, luego de observar el cartel baleado: “Eso disparos son de una 9, no hay dudas”.

Tal es así que como consecuencia de lo relatado en el párrafo anterior, se produce una reunión en el Barrio 17 de Marzo. A la misma concurrieron vecinos que denunciaron la problemática frente a los Jefes de Policía y un abogado de asuntos internos de la Policía Bonaerense. Los funcionarios policiales recogieron el hecho denunciado por los vecinos acerca del reclutamiento de menores por las fuerzas, y se comprometieron de tal manera que sostuvieron: “trabajaremos en conjunto para erradicarlo”. En la misma reunión algunos vecinos plantearon la metodología del personal policial, quienes ante la negativa de los jóvenes a delinquir, eran llevados a la comisaría local ilegalmente donde se le aplicaba tortura con picana eléctrica. Ante ello, quien suscribe preguntó al personal de la policía y el abogado de asuntos internos: “Quien iba actuar de oficio”, respondiendo el jefe de la Departamental que la misma denuncia debía ser radicada, no teniendo en cuenta que nuestra organización ya había efectuado la misma como lo expuse ut supra. De esa reunión participaron también otros compañeros de la APDH-La Matanza quienes pueden acreditar lo expuesto. Como resultado de la reunión, personal policial de esa cuadrícula fue rotado, lo que se puede acreditar en las constancias respectivas de traslados de personal de la Policía Bonaerense.

En Marzo de 2009, tomamos conocimiento de un menor desaparecido, Luciano Nahuel Arruga, quién le habría comentado a su madre, previo a su desaparición, que un policía le habría ofrecido “trabajar” para él. Actualmente en esa causa se averigua el paradero de Luciano Arruga estudiándose seriamente esa posibilidad después de que personal policial declarase en la causa.

A través de la causa Arruga, la hermana del menor nos aporta el dato de otro menor que estaba siendo hostigado por parte del personal policial de la comisaría. El día 12 de Agosto concurre a nuestra sede el señor Andrés Alberto Janssens, Comisario Inspector Subjefe Departamental La Matanza, quién se anoticio de los hechos por la manifestación de quien suscribe. Tal fue el grado de credibilidad de lo relatado que el funcionario policial procedió a cambiar de comisaría al policía denunciado por el menor. Asimismo, se manifestó en esa reunión que había gente en la institución policial, sobre todo los más antiguos, que seguían prácticas del pasado que en el presente fueron adaptadas. Esto último en referencia a lo relatado por nuestra organización respecto de los chicos que son utilizados por la fuerza para la comisión de delitos.

Ahora bien, volviendo al comienzo de mi exposición, reitero que la manifestación hecha por mi persona en programa televisivo que motivó que la Fiscalía General de La Matanza me cite a declarar, se produce en el marco de las declaraciones hechas por un Funcionario Público, lo que evidentemente le otorgaba aún más validez a todos los casos tratados por la APDH-La Matanza , algunos en los cuales se pudo intervenir y otros en los que el miedo de los mismos pibes, y sus familias, impidió su tratamiento. En este sentido citaré algunas de las notas brindadas por el Juez. En Cadena Río FM 88.7, el juez Luis Arias, denuncia el reclutamiento de jóvenes por parte de la policía para cometer ilícitos, expresando: “El Ministerio de Seguridad hace una defensa corporativa y se olvida que es una autoridad política para controlar a la policía…Los fiscales están sobrecargados de tareas y es pesado meterse con la policía, y para colmo desde el poder político no hay respaldo”. El magistrado explicó que su denuncia comenzó cuando “el año pasado dicté 2 sentencias, 1 vinculada por la detención de menores, que fue revocada hace pocas días por la Cámara Penal, y otra obligando al Poder Ejecutivo a asistir chicos de la calle. A partir de estos hechos comienzo a enterarme de la vinculación de jóvenes con los policías”. Arias argumentó que existen “distintas causas, donde los padres denuncian este tipo de reclutamiento a cambio de drogas y armas”. “Hay por lo menos 23 causas que están denunciando estos hechos. El caso más emblemático es el de Luciano Arruga, un chico que se negó a ser reclutado por la policía y desapareció desde enero pasado”. Según él, “hay casos en La Plata y Berisso”, y concluyó: “No se investiga, ese es el problema”. La nota que citó puede encontrarse en: (http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=131054&cHash=6577219eef). Al mismo efecto también se adjunta nota, del 14 de mayo de 2009, en donde es el mismo Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es el que solicita investigar si la policía recluta menores.

Recientemente, jóvenes que trabajan solidariamente con los chicos de la calle de Morón, nos manifestaron su preocupación por lo que los niños le expresaron en cuanto al maltrato policial y la utilización, en algunos casos, de los niños para el ardid delictivo.