ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES EN EL CONTEXTO ACTUAL
Para comprender la orientación de las políticas sociales actuales es necesario analizarlas conjuntamente con la construcción de un nuevo modelo de acumulación, el cual sienta sus bases durante la dictadura militar de 1976.
El discurso hegemónico que se instaura a mediados de la década del ’70 en la Argentina, pretende justificar la construcción de un nuevo modelo de estado, arraigándose en la propuesta neoliberal, que propone modificar la forma de regulación de las relaciones sociales, dejándolas libradas al funcionamiento del mercado.
En la década del ’70 la crisis de acumulación posibilita la crisis de legitimidad del Estado de Bienestar. Este cuestionamiento a su legitimidad, tiene lugar por la imposibilidad de garantizar sus supuestos básicos entre los que se encuentran: el pleno empleo, la reproducción de la fuerza de trabajo por medio del salario indirecto, la intervención del Estado como “mediador” de la relación capital-trabajo, y la consolidación de los derechos sociales a partir de las políticas sociales de corte universal, etc.
A partir de los ’90 con el gobierno justicialista, se consolida el nuevo modelo de Estado. Este se expresa en la transformación de las políticas públicas.
Con relación a las políticas laborales la propuesta neoliberal establece la utilización flexible de la mano de obra y se produce una caída de los salarios, alcanzando a cubrir el mínimo para la subsistencia. Los efectos de estas políticas agudizan las condiciones de vida de los sectores populares.
Para superar el déficit fiscal se pone en marcha una reforma profunda de del Gasto Público Social, iniciándose de esta manera modificaciones en las políticas sociales, en un contexto de ajuste estructural.
En este conjunto de condiciones se devuelve a la familia la responsabilidad de garantizar la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo, en tanto condiciones materiales de existencia.
La modificación de las políticas sociales se basa en tres pilares fundamentales: la focalización, la privatización y la descentralización.
La focalización planteada por el neoliberalismo apunta a formular políticas destinadas para un sector determinado de la población en detrimento de la universalidad de las mismas. Este discurso toma como ejes principales la eficacia y la eficiencia en la distribución de los recursos, dirigiéndose a eliminar las “filtraciones”de los mismos hacia sectores que no se encuentran en situación de pobreza estructural. Intenta paliar de esta manera las consecuencias más extremas de la libre regulación del mercado: “... Las estrategias de focalización son el correlato de la individualización de la fuerza de trabajo y de la posibilidad estructural de la exclusión de una parte de ella del mercado de trabajo...”[1].
Así, las políticas adquieren un carácter asistencialista, ya que no intentan erradicar la pobreza sino que solo actúan sobre los efectos más agudos. Es inherente a la concepción asistencialista la estigmatización y la naturalización de los sectores a los que se dirigen las políticas sociales produciendo consecuencias “... discriminatorias, fragmentadoras... suponiendo cargas negativas de prejuicios sociales y... [denigrando]... al sujeto a una situación de dependencia. El acceso a los bienes y servicios que promueven las políticas sociales requiere de una acreditación de la situación de pobreza por parte de los sujetos...”[2].
La privatización es la apertura a la participación de capitales privados en los casos de servicios de seguridad social, servicios educativos y de salud, de esta manera el Estado sólo garantiza los servicios básicos. Este proceso de privatización se realizó a través de diferentes transacciones: concesión y venta definitiva. Sin embargo, el Estado se responsabiliza de otorgar subsidios a las empresas privadas para “mantener” ciertos servicios.
La propuesta de descentralización proclama como elementos centrales, el respeto de las particularidades regionales ( a la hora de diseñar políticas) y el aumento de la participación de la población en la implementación de los planes. Sin embargo, este principio no implica sólo una descentralización de las decisiones, sino también de la generación de los recursos, incrementándose las desigualdades entre las diferentes regiones, ya que no se encuentran en igualdad de condiciones.
A lo largo del proceso de constitución de este modelo se generan profundas transformaciones en la estructura social. Se produce una ruptura en los lazos de solidaridad, una profundización de la competencia individualista y una mayor fragmentación social.
El carácter neoliberal del Estado conlleva al más acentuado grado de mercantilización en sus políticas, entendiendo a esta como la forma en que el sujeto satisface sus necesidades vía el mercado. Una de las consecuencias de la mercantilización de este proceso la presenta Esping Anderson cuando afirma que: “... cuando los trabajadores dependen por completo del mercado, es difícil que se movilicen para acciones solidarias. Puesto que sus recursos reflejan las desigualdades del mercado, aparecen las divisiones entre los que están dentro y los que están fuera, haciendo difícil la formación de movimientos obreros...”[3]. Son estas divisiones señaladas por el autor lo que se conceptualiza como dualización social entre los excluidos y los integrados. Convalidando lo expuesto por este autor, Grassi señala que el “... éxito relativo al modelo radica, en parte, en haber devuelto el conflicto al seno de una sociedad enteramente fragmentada, en que los actores se individualizan, al ritmo que los sujetos colectivos pierden entidad...”[4]. En este marco podríamos pensar en una posible crisis de gobernabilidad “... ya que el crecimiento de la pobreza y la desocupación... llevan a preocuparse por los límites empíricos de la legitimidad y por la capacidad del asistencialismo para operar en la neutralización de la contradicción... la política de legitimación oscilará, necesariamente, entre el asistencialismo y la represión”[5].
A la política social se la considera necesario definirla como acciones u omisiones estatales y/o privadas dirigidas a satisfacer necesidades sociales, y orientadas a la reproducción de las condiciones de vida de los grupos sociales a los que se dirige. También son constitutivas de un modelo de acumulación y colaboran en su reproducción, inscribiéndose en un proceso de legitimación del propio orden social.
Es necesario resaltar que los sujetos sociales no son receptores pasivos de las políticas sociales, sino que estas “... están constituidas por las prácticas de múltiples ( y socialmente diferenciados) actores y sujetos, pero también generan prácticas al inducir ciertos “comportamientos” y contener ciertas representaciones a cerca de ellas mismas y del “orden social como totalidad”. Los sujetos desarrollan acciones que las crean y recrean, organizan y desorganizan de manera permanente... las políticas sociales construyen sujetos pero también estos construyen políticas sociales...”[6].
POLÍTICAS SOCIALES Y ONGs EN EL CONTEXTO ACTUAL
Se consideró necesario realizar un análisis sobre los cambios en el modelo de Estado ya que esto afecta directamente la orientación de las políticas sociales. Podemos visualizar como la retirada del Estado de diferentes ámbitos, posibilitó una intervención cada vez mayor de las organizaciones no gubernamentales en diferentes problemáticas sociales.
Consideramos necesario tener en cuenta la definición que Tompson realiza de las ONGs: “... el tercer sector esta conformado por un conjunto de organizaciones ( privadas) de variado tamaño y propósitos específicos que cumplen funciones en el terreno económico, social y cultural que tanto los empresarios como el Estado no cumplen, o no cumplen bien, o no cumplen suficientemente...”[7].
Existe una “... interdependencia institucional entre la acción estatal y la privada y el juego político que se establece en la asignación o denegación de recursos al tercer sector...”[8]. El desarrollo de muchas de estas instituciones se hizo posible por el aporte de organizaciones internacionales. El escaso apoyo económico del Estado a gran parte de éstas, permite una cierta independencia en su intervención. Sin embargo, también limita la concreción de proyectos por falta de financiamiento.
Biagini y Sánchez nos plantean una serie de funciones potenciales de las ONGs que son las siguientes: “...ser vanguardias por identificar problemáticas, responder antes que otros sectores a las mismas, innovar, etc.; ser vigías por su capacidad de presionar política y socialmente. Así mismo se le adjudica un rol de guardianes de valores particulares o sectoriales y son instituciones prestadoras de servicios a la comunidad...”[9].
[2] Grassi Estela: “ Orientaciones y supuestos subyacentes de la política social del neoliberalismo: resultados y problemas”. En XIX Jornadas Nacionales de Trabajo Social. Panel Políticas Sociales y Economía.
[3] Esping Anderson: “ Los tres mundos del Estado de Bienestar”. Alfons el Magnamin. Valencia, 1993.
[4] Grassi Estela, Hintze Susana y Neufeld María Rosa: “ Políticas Sociales, Crisis y Ajuste estructural”. Ed. Espacio. Bs. As. 1994
[5] Grassi Estela, Hintze Susana y Neufeld María Rosa: “ Políticas Sociales, Crisis y Ajuste estructural”. Ed. Espacio. Bs. As. 1994
[6] Danani Claudia. “ Políticas Sociales. Contribución al debate teórico-metodológico”, Capitulo 1 “Problemas Teóricos. Ed. Oficinas de publicaciones del C.B.C 1996.
[7] Tompson A. “ El tercer sector en la historia argentina “. Cedes. Bs.As. 1995. Documento109.
[8] Biagini Graciela, Sánchez María.” Actores sociales y SIDA. ¿Nuevos movimientos sociales?¿ Nuevos agentes de salud? Las organizaciones no gubernamentales y el complejo VIH/SIDA”. Ed. Espacio, Bs.As. 1995
[9]Op. Cit.
No hay comentarios:
Publicar un comentario